Gaspar Zarrías medió para un proyecto que recibió ayuda del fondo 31L

Gaspar Zarrías, junto a los también exconsejeros de la Junta Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila , está citado esta mañana para declarar ante el juez Alvaro Martín en calidad de investigado dentro de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Pero el exvicepresidente Zarrías, que ha anunciado que se acogerá a su derecho constitucional a no declarar remitiéndose a su declaración que prestó cuando era aforado ante el Tribunal Supremo, fue ayer señalado por el PP por participar presuntamente en el «trato de favor» a una empresa de la provincia de Sevilla que recibió ayudas de la partida 31L, conocida como «el fondo de reptiles». Según la vicesecretaria de Organización del PPandaluz, Patricia Navarro , se trata de una de las «manos negras» que, junto con el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, «daba a la manivela de las ayudas fraudulentas».

Navarro cita un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil sobre la ayuda otorgada a la empresa Centro de Limpieza Industrial Huévar S.L ., que habría recibido la «promesa» del Gobierno andaluz de una ayuda del 50% de la inversión para la puesta en marcha de un proyecto industrial en Huévar. La empresa encontró problemas para ubicarse y decidió trasladarlo primero a Lebrija y luego a las Cabezas de San Juan.

El empresario recibió la ayuda acordada de 3,4 millones, si bien el 85 por ciento (2,3 millones) vendría con cargo a un programa reglado de ayudas a pymes y el restante 15 por ciento, 1,1 millones, con cargo al «fondo de reptiles ». Al tener que modificar su emplazamiento en el municipio de Las Cabezas de San Juan y para evitar perder la subvención el empresario pidió ayuda al alcalde de la localidad, de IULV-CA, que a su vez se dirigió a Diego Valderas, coordinador regional de IU. Valderas habló con Zarrías y se convocó una reunión en la Casa Rosa, sede en ese momento de la Presidencia de la Junta, en la que participaron además de ellos dos, el alcalde de Las Cabezas de San Juan, el empresario y los responsables de la Junta de quienes dependían las ayudas para pymes.

Aquella reunión, según el informe de la UCO, propició el desbloqueo de la ayuda reglada de 2,3 millones que fue publicada en el BOJA dos meses después, ya que de la partida irregular procedente del fondo de reptiles (que no podía ser aprobada por el mismo mecanismo reglado) se tenía conocimiento un año antes. Pero sin aquella mediación no se hubiera desbloqueado el «compromiso»de la Junta de financiar la mitad de la inversión del proyecto que incluyó la utilización de procedimiento irregular.