Las fundaciones sanitarias de la Junta tienen en nómina a 2.240 empleados
Nueve entidades, adscritas a la Consejería de Salud, reciben al año 82 millones de euros
La gestión sanitaria de la Junta de Andalucía no se agota en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), el organismo que supervisa toda la red de hospitales y centros de asistencia, que da trabajo estable a 92.862 personas. La Consejería de Salud cuenta, además, con un entramado compuesto por nueve fundaciones y cinco agencias públicas empresariales que a menudo suponen un desdoble competencial con el trabajo que realiza la propia consejería. Una suerte de «sanidad paralela» sostenida con subvenciones y transferencias de dinero procedentes de los presupuestos autonómicos.
Su gestión no está sometida a los severos controles que imperan sobre el dinero directamente gastado por la consejería. Aunque su principal fuente de financiación es la propia Junta de Andalucía , las fundaciones sanitarias son entidades jurídicas de Derecho privado y sin ánimo de lucro. Tienen en nómina a 2.248 trabajadores.
Las entidades adscritas a la Consejería de Salud son Faisem , con 1.072 trabajadores dedicados a la integración social de personas con enfermedad mental; Rey Fahd Bin Abdula ziz, un ente sin personal asignado dirigido a la financiación de la investigación médica en el Hospital Costa del Sol, y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS). Del tronco de esta última entidad han surgido otras ramas: seis fundaciones de carácter provincial o interprovincial coordinadas por FPS. Orientadas a la investigación Biomédica, se financian con capital privado y con subvenciones (más de 2,2 millones de euros en 2015) que le inyecta Progreso y Salud. Son FCádiz (Cádiz); Fibico (Córdoba), Fabis (Huelva), Fimabis (Málaga), Fisevi (Sevilla) y Fibao (Granada, Jaén y Almería).
Proveedores del SAS en procesos negociados sin publicidad son donantes de algunas fundaciones
En 2015 seis de estas fundaciones fiscalizadas, en las que la Junta tiene la participación mayoritaria, recibieron 82,1 millones de euros a través de transferencias y subvenciones de explotación, según el balance del ejercicio 2015 de la Cámara de Cuentas , que ofrece la radiografía más completa del sector público autonómico.
Pese a formar parte de Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, FCádiz, Fibico y Fabis escapan a la lupa del órgano fiscalizador y quedan fuera de los focos de la Ley de Transparencia de Andalucía. A diferencia de lo que sucede con el resto de fundaciones sanitarias, sus cuentas no se publican en Internet. Se desconoce la plantilla que tienen. Sólo Fibico, la fundación de Córdoba, ha difundido su actividad a través del denominado «Plan de Actuación 2015», donde revelaba que en dicho año contaba con 113 profesionales en nómina, de los cuales dos tercios eran personal científico, algunos de los cuales están vinculados laboralmente a Progreso y Salud. En 2015 ingresó 6,74 millones de euros de los cuales el 56% (3,8 millones) proceden de ayudas públicas y el resto, fondos privados.
El dinero a estas fundaciones de investigación biomédica llega a través de convenios de patrocinio y donaciones que no están asociadas a proyectos concretos y provienen de laboratorios y compañías farmacéuticas que son a su vez proveedores habituales de medicamentos y material sanitario del SAS, como Amgen, Pfizer y Rovi, S.A., por citar algunos ejemplos. Con frecuencia acceden a contratos mediante procedimientos negociados sin publicidad realizados por las plataformas logísticas sanitarias.
La contratación del personal tampoco se rige por los controles rutinarios en el SAS : la convocatoria de oposiciones y concurso-oposición. La Ley de Fundaciones de Andalucía, de mayo de 2005, no marca ninguna pauta más allá de señalar que la selección del personal «deberá realizarse, en todo caso, con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad». En la práctica, cada entidad dispone de su propio sistema de contratación.Por ejemplo, la Fundación Fibao (con 119 empleados), publica en su propia web las ofertas de empleo y becas «con el estado abierto entre 10 y 15 días naturales» para la inscripción «online».
Selección opaca
Además de la valoración curricular atendiendo a los requisitos especificados en la convocatoria, los candidatos deben pasar la criba de una entrevista donde «se hacen preguntas técnicas para valorar con mayor precisión la capacidad de los mismos y se realizan en ocasiones pruebas de conocimientos». Los nombres de los seleccionados no se publican.
El campo de actuación es diverso: abarca desde la investigación a objetivos más genéricos que no quedan suficientemente justificados en las declaraciones de intenciones recogidas en sus estatutos, plagadas de términos políticamente correctos. Es el caso de la Fundación Progreso y Salud, que cuenta con 367 empleados dedicados a «la planificación y/o desarrollo financiero total o parcial de programas dirigidos a la prevención, promoción y asistencia de la Salud». Entre sus fines también figuran «la participación en la formación de los profesionales sanitarios y no sanitarios» y «el impulso de las políticas de calidad, así como el diseño y aplicación de modelos de evaluación y certificación de la calidad de las actividades, estructuras y profesionales de los sistemas de Salud y Políticas Sociales».
