Funcionarios de la Junta recuperarán los días de permiso por asuntos particulares
El Consejo ratifica el acuerdo con los sindicatos, en el marco de la restitución de los derechos suspendidos en 2012
Los empleados públicos de la Junta de Andalucía recuperarán este año los días adicionales de permiso por asuntos particulares , que habían sido suprimidos en el marco de las medidas excepcionales de estabilidad presupuestaria impuestas por la legislación básica estatal en 2012 . Así se recoge en el acuerdo entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y los sindicatos CSIF, UGT y CC.OO., suscrito el pasado 3 de febrero y ratificado este martes por el Consejo de Gobierno.
El personal del sector público andaluz dispondrá de dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio (18 años de servicio). Esta cuantía se incrementará en un día por cada siguiente trienio cumplido a partir del octavo (24 años de servicio).
La medida, adoptada por unanimidad en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta, forma parte del proceso de recuperación de derechos laborales acordado el pasado 15 de julio por la presidenta Susana Díaz y los representantes de las tres principales organizaciones sindicales del sector público andaluz.
Junto con la restitución de los días de permiso en las mismas condiciones que 2012, el diálogo con los sindicatos incluye otras medidas ya en aplicación y recogidas en la Ley del Presupuesto de la Junta para 2016. Entre ellas destacan el incremento de un 1% del sueldo de los empleados públicos (máximo permitido por la normativa estatal) y la recuperación al 100% de la jornada y el sueldo para el personal temporal e indefinido no fijo , ambas efectivas en la nómina de enero, así como la devolución del 25% de la paga extra de 2012, que los empleados públicos han recibido en su nómina de febrero.
A lo largo de la presente legislatura continuará este proceso de recuperación progresiva de los derechos suspendidos en 2012, dentro de las limitaciones de la legislación básica estatal y siempre con sujeción a la necesaria suficiencia financiera.
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