Los funcionarios de la Junta de Andalucía no volverán al trabajo presencial hasta que no finalice el estado de alarma

Los funcionarios y empleados públicos de la Junta de Andalucía permanerán en las mismas condiciones de trabajo que hasta ahora hasta que se levante oficialmente el estado de alarma , excepto casos excepcionales que el Gobierno andaluz está gestionando individualmente como sucede con algunos de los empleados de la administración de Justicia. Es decir, no se incoporarán a sus puestos de manera presencial por lo menos hasta el 26 de abril si no hay otra prórroga de esta situación excepcional, lo que parece más que probable.

El consejero de la Presidencia y Administración Pública, Elías Bendodo, lo ha confirmado así tras la rueda de prensa que ha tenido lugar tras el Consejo de Gobierno de este miércoles y tras reunirse este martes con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF.

Durante toda esta semana se están incorporando a la administración andaluza t odos los altos cargos y sus gabinetes políticos, unas 350 personas de los 270.000 que trabajan en la Junta de Andalucía. También están a pleno rendimiento las delegaciones del Gobierno en las ocho provincias, puesto que esta administración periférica es clave para atender las necesidades de los ayuntamientos y los servicios esenciales que estos prestan.

Quienes sí se van a incorporar a sus puestos de trabajo en los próximos días serán 1.587 funcionarios de Justicia ya que así lo ha decretado el Ministerio de Justicia para poder atender las necesidades actuales.

La Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal de Andalucía ha dictado una instrucción para dar cumplimiento a la resolución del Ministro de Justicia, del 13 de abril, que establece nuevos criterios para el funcionamiento de juzgados y tribunales, así como para los servicios esenciales que deben prestarse por parte de la Administración de Justicia mientras dure el estado de alarma.

La instrucción establece que la nueva distribución de personal entrará en vigor primero en los órganos judiciales y fiscalías de los partidos judiciales capital de provincia y los que cuenten con cinco o más juzgados, así como en los institutos de medicina legal y ciencias forenses. La incorporación al resto de órganos judiciales y fiscales se producirá el 20 de este mismo mes.