Frenazo a la Oficina contra el Fraude y la Corrupción por la abstención del PSOE

El grupo parlamentario del PSOE está en contra de la Ley contra el Fraude y la Corrupción que el Parlamento andaluz aprobó el pasado mes de junio también con su abstención. Entonces aseguraron que no apoyaban una norma que pretende prevenir casos de corrupción y fraude en la Junta y facilitar mecanismos de denuncia a los funcionarios porque era «una chapuza legislativa». Este miércoles mantuvieron esa opinión, a pesar del cambio en la dirección de los socialistas andaluces, y bloquearon con su abstención el nombramiento del magistrado Ricardo Puyol como director de la misma .

Y ello a pesar de que le habían dado su visto bueno en la comisión de nombramientos que tenía que aprobar su idoneidad. Hay que destacar, además, que no había ningún otro candidato alternativo propuesto por los grupos políticos para ocupar este cargo. Puyol ha sido el candidato propuesto por Ciudadanos.

El Pleno del Parlamento, cumpliendo lo recogido en la ley, debatía el nombramiento del director de esta nueva oficina, que depende directamente de la Cámara andaluza y que tiene como fin principal evitar que se reproduzcan casos de corrupción como en el pasado ofreciendo una vía administrativa para denunciar presuntas irregularidades y protegiendo a los denunciantes.

La norma establece como necesarios tres quintos del Parlamento para este nombramiento en la primera votación, lo que no se consiguió ayer ya que sólo se sumaron los votos de PP, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos (58 en total porque faltaron algunos diputados entre ellos el presidente de la Junta). Dentro de quince días se volverá a repetir la votación y con esos votos serán suficientes ya que la ley establece que en una segunda vuelta será suficiente con mayoría absoluta.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín , fue muy crítico con la actitud del PSOE, partido que no dio ninguna explicación de su voto. Marín afirmó que la postura de los socialistas «demuestra que el PSOE es el mismo de siempre. Nunca ha tenido ni tiene voluntad de luchar contra la corrupción».

Hay que tener en cuenta que Marín pactó con Susana Díaz en 2015 la creación de esta oficina contra el fraude y que nunca se puso en marcha. Ahora, desde el Gobierno andaluz, Ciudadanos la ha impulsado y ya está en vigor. Pero, al depender del Parlamento, necesita de un director que la ponga en marcha de hecho, busque al personal funcionario que va a trabajar con él y elabore un reglamento de funcionamiento. Según la ley, tiene seis meses desde su nombramiento para que empiece a funcionar.