Un ERE fraudulento de la Junta de Andalucía se firmó en una sede del PSOE

En los escritos que sus abogados han dirigido al juez José Ignacio Vilaplana, los acusados Manuel Granado Pérez y Domingo Valle Prieto , que ocupaban los cargos de presidente y tesorero de la Asociación para la promoción laboral extrabajadores de Matadero de Fuente Obejuna S.A.L., respectivamente, relatan cómo se reunieron en la sede de la Agrupación Municipal del PSOE después de que el conseguidor de las ayudas, Juan Lanzas, contactara con ellos. Este dirigente de la federación agroalimentaria de UGT (1997-2002) se ganaba la vida como comisionista por la gestión de despidos en empresas que subvencionaba su amigo, el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, ya fallecido.

Lanzas actuó como 'director de orquesta' en aquella reunión que se celebró en el año 2002 en la Casa del Pueblo . La sede se les quedó pequeña. La cola llegaba hasta la calle, mientras la veintena de exempleados del matadero iba desfilando para firmar los documentos que «les iban poniendo por delante», como rememora el tesorero de esta asociación, creada con el único propósito de poder repartir ayudas.«Se indicaba a los afectados qué parte del documento tenían que firmar, pasando uno detrás de otro»

En el citado acto, donde además intervinieron dos responsables de la consultora Vitalia, Jesús Bordallo y «otro señor» llamado «Paco», «se les iba indicando a los trabajadores afectados en qué parte del documento que les exhibían tenían que firmar, pasando uno detrás de otro en un ambiente de estrés más que considerable, dado que la documentación que llevaban era ingente y expresaban dichas personas que tenían mucha prisa», explica el tesorero en el escrito enviado al Juzgado. Dentro, los nervios estaban a flor de piel . «Basta con imaginarse un grupo numeroso de personas dentro de una casa (incluso en la puerta), esperando a firmar los documentos que les iban poniendo por delante», detalla.

Sus rúbricas les dieron acceso a una paga mensual hasta cumplir los 65 años mediante su inclusión en un ERE financiado por la Junta con 2,53 millones de euros que el juez tilda de «fraudulento». La Consejería de Empleo estuvo abonando las ayudas desde 2002 hasta 2009. Entre los 22 extrabajadores afectados por el plan, se colaron como «intrusos» cuatro personas que nunca habían trabajado en el matadero que gozaban de «condiciones más ventajosas que el resto». Los 'intrusos' acarrearon a las arcas públicas un sobrecoste de 618.262 euros. Uno de ellos era la esposa del presidente de la asociación . Además, se beneficiaron de ayudas dos pensionistas que ya cobraban rentas por incapacidad laboral.

En la reunión en la sede socialista que activó las ayudas, Juan Lanzas y responsables de Vitalia se presentaron con parte del trabajo ya hecho. «Toda la documentación con la que llegaron el Sr. Lanzas y el Sr. Bordallo a la Casa del Pueblo de la localidad de Fuente Obejuna ya venía completada con los nombres y datos personales de los afectados , así como con el sello de caucho plasmado con el nombre de la asociación de extrabajadores», recuerda el acusado Domingo Valle.

En el escrito dirigido al juez, su letrado lo exculpa de cualquier gestión relacionada con la ayuda sociolaboral y esgrime que el tesorero «no tiene ni tan siquiera estudios primarios».

«La constitución de la asociación de extrabajadores se hacía necesaria como vía fraudulenta para soslayar el hecho de que los asegurados de las pólizas ya estaban percibiendo subsidios por su situación de desempleados y haber cesado ya la actividad de la sociedad y extinguido su relación laboral con la misma», advierte el juez en su resolución.

El presidente de la asociación laboral, Manuel Granado, corrobora la reunión celebrada en la sede socialista. Alega que si obran en el sumario documentos comprometedores suscritos por él relacionados con los cuatro intrusos introducidos en el ERE, «es seguro que se firmó bajo error o por engaño en el momento en que se reunieron todos en la Casa del Pueblo». Ambos cargos de la asociación culpan de las irregularidades a Lanzas, Bordallo y al abogado sevillano de Estudio Jurídico Villasís, que les acompañarán en el banquillo cuando se juzgue esta pieza separada del caso ERE.

El 24 de mayo de 2002, el entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero, y Antonio Fernández , presidente del IFA –la 'caja pagadora' de los ERE–, firmaron el convenio por el que la Administración asumía el compromiso de conceder las citadas ayudas.

Veinte años después, el magistrado de Sevilla que instruye las 138 piezas en las que se ha troceado el macrosumario de los ERE ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra doce personas por la gestión de la ayuda a los exempleados del matadero.

Dos de los procesados son el presidente y el tesorero de la citada asociación laboral. Ambos han solicitado su absolución al juez y se oponen a los escritos presentados por las acusaciones. La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, considera a ambos «cooperadores necesarios» de delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos y pide para ellos seis años de prisión. La Junta, como institución perjudicada por el quebranto, les atribuye otro delito de falsedad documental.

El matadero de Fuente Obejuna, dedicado a la cría de cerdos y fabricación de productos cárnicos, llevaba ya dos años cerrado cuando se concedieron las ayudas irregulares. Juan Lanzas lo arregló todo para que la sociedad aceitera de un amigo suyo diera de alta entre 16 y 21 días a sus antiguos empleados. Para ello fletó un autobús para llevarlos a la sede de la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas e Integradas en Jaén al objeto de firmar contratos falsos, pues nunca llegaron a trabajar allí. Una triquiñuela que les permitió pedir el Convenio Especial con la Seguridad Social y acceder así a una prejubilación. El conseguidor le devolvió el favor prestado a su amigo dando otra ayuda a su hija.