Sentencia del caso ERE

El fraude de los ERE «no será menos de 900 millones»

El letrado del PP García Navarro:«El tribunal pone negro sobre blanco a diez años de corrupción»

El abogado Luis García Navarro ejercía la acusación del PP-A en el caso de Mercasevilla Raúl Doblado

J. Díaz

Hace diez años este periódico desvelaba el caso Mercasevilla, el germen de los ERE, que supone el mayor caso de corrupción política en Andalucía. Entonces, el abogado Luis García Navarro ejercía la acusación del PP-A en el caso de Mercasevilla , asumiendo posteriormente este papel en las diligencias previas 174/11 abiertas por Mercedes Alaya en la causa de los ERE irregulares.

Tras diez años de trabajo, los letrados García Navarro y Lourdes Fuster se han sentado durante el año de juicio en la Audiencia contra los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta en la bancada de la acusación y desde allí han insistido en la ilegalidad del sistema implantado en 2001 por el gobierno socialista en la comunidad para la concesión de 680 millones de euros en ayudas, según el tribunal.

García Navarro cree que esta cifra sólo hace referencia al periodo 2000-2009, por lo que si se tiene en cuenta la gestión del año 1999 y los ejercicios 2010 y 2011, así como las piezas donde se habrán de enjuiciar las sobrecomisiones a intermediarios , aseguradoras y honorarios a despachos de abogados, el dinero defraudado «no será menos de 900 millones».

Para el abogado del PP-A, el tribunal, cuya sentencia es «congruente» entre los hechos probados y los fundamentos de derecho, «ha puesto negro sobre blanco a diez años de corrupción del PSOE en Andalucía. No quedan dudas del fraude».

Satisfacción amarga

A pesar de la sentencia condenatoria, el letrado muestra una «satisfacción amarga, porque Andalucía se ve envuelta en una trama de corrupción del PSOE, lo que no es para alegrarse».

García Navarro, no obstante, sí se muestra contento por el trabajo desarrollado desde el año 2009 con Mercasevilla. «Tanto esfuerzo ha valido para demostrar la trama que la Junta y el PSOE andaluz tenía montada en Andalucía para desviar los fondos de los trabajadores afectados por restructuraciones empresariales a sus amigos y a las empresas de éstos y militantes socialistas».

Con respecto a la vistilla solicitada por la Fiscalía contra cuatro condenados, en la que se podría solicitar la entrada en prisión de éstos, la acusación del PP-A seguirá el criterio de Anticorrupción, cuyo «gran trabajo» durante estos años ha agradecido.

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