Fracaso del Gobierno andaluz en la cumbre nacional de inmigración
La Conferencia Sectorial se cierra sin atender las exigencias de la Junta que pedía el reparto de los menores entre las comunidades autónomas
No hay más que escuchar la parca valoración de las dos consejeras andaluzas que asistieron para percibir el balance de la IX Conferencia Sectorial de Inmigración que se celebró en la tarde noche del lunes en Madrid, « agradecemos que haya un espacio de reflexión y debate», dijeron escuetamente.
El Gobierno andaluz acudía a este foro aplaudiendo el gesto del Ejecutivo de Pedro Sánchez de convocarlo después de que la última se celebrase en 2015 y lo esperaba con unas altas expectativas. De hecho, llevaba una reivindicación: repartir entre todas las comunidades autónomas la tutela de los menores inmigrantes no acompañados que están llegando a las costas andaluzas y que ahora recae sobre la Junta.
Pero la reunión se cerró , tras casi seis horas de debate, sin ningún acuerdo concreto, sin ningún compromiso por parte de ninguna de las partes, ni comunidades autónomas ni Gobierno central, ni, por supuesto, más dinero para hacer frente a la crisis migratoria que está viviendo España en las costas de Andalucía.
La promesa es un «Pacto de Estado» y una financiación que podría llegar en 2019 si hay nuevos Presupuestos Generales del Estado. Por cierto que las dos representantes del Gobierno andaluz, Rosa Aguilar (consejera de Justicia e Interior) y María José Sánchez Rubio (de Políticas Sociales e Igualdad) , se marcharon de la reunión antes de su finalización porque tenían que coger sus respectivos transportes de vuelta a Andalucía.
El Ejecutivo de Susana Díaz lleva semanas repitiendo que desde el 1 de enero han llegado a las costas andaluzas 3.200 menores inmigrantes no acompañados, cuya tutela asume la administración andaluza.
Son niños a los que hay que atender en unos centros que están desbordados y para los que, además, el Gobierno regional ha habilitado una partida extraordinaria de 3,5 millones de euros que también puede quedarse corta. Hasta el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, llamaba a la «solidaridad de todas las comunidades».
Pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho oídos sordos a estas demandas . Es más, ha anunciado que el buque de la organización Open Arms que está en busca de puerto seguro con 87 inmigrantes a bordo, atracará en Algeciras «porque es el puerto más preparado para esta situación », concretamente en las instalaciones de San Roque donde está el Centro de Acogida Temporal de Inmigrantes. Una decisión sobre la que no se ha pronunciado el Gobierno andaluz, que guarda un escandaloso silencio sobre todo este asunto.
Ha sido el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien ha salido a defender la postura del Ejecutivo, «el Gobierno de España ha hecho más en 60 días que en los últimos siete años», aseguraba. «Se están dando pasos fuertes y programados».
Desde el Gobierno andaluz la sensación es completamente diferente . Públicamente todos sus portavoces guardan silencio y la Consejería de Justicia se limita a asegurar que Andalucía asumirá todas sus competencias y garantizará todos los derechos de estas personas que acuden en una situación extrema. La de Igualdad celebra que, por fin, el Gobierno central esté tomando «alguna decisión».
Pero hay un grave malestar por la poca influencia que se está demostrando en las decisiones cruciales de Pedro Sánchez , sobre todo en las que tienen relación con Andalucía y que, además, son estratégicas para el Gobierno de Susana Díaz. El mes de agosto juega a favor de la presidenta de la Junta pero se trata de una situación insostenible para la vuelta del verano. El silencio no es una opción y la crítica parece que tampoco.
