Tribunales
La Fiscalía pide siete años de cárcel para el ex secretario general de UGT-A Fernández Sevilla
Anticorrupción exige para cada uno de los cinco exsindicalitas procesados por el caso de las «facturas falsas» una multa de 50 millones de euros
La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años de cárcel y una multa de 50 millones de euros para cuatro de los cinco exdirigentes de UGT en Andalucía , entre ellos el que fuera secretario general Francisco Fernández Sevilla , procesados en el conocido caso de las «facturas falsas» por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. Según el juez instructor, «el cómputo global de las cantidades defraudadas » en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria « asciende a 40.750.047,74 euros ».
Una vez que el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla dictó auto de procesamiento contra cinco exsindicalistas de UGT-A y diez empresarios «de confianza », la Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante el instructor su escrito de calificación provisional, en el que solicita la apertura de juicio oral contra los quince acusados.
En el citado escrito, al que ha tenido acceso ABC, pide una condena de siete años de prisión y una multa de 50 millones de euros para el exlíder de UGT-A tras sustituir al histórico dirigente Manuel Pastrana , Francisco Fernández Sevilla; el ex secretario general de Administración Federico Fresneda; la exsecretaria de Gestión Económica, María Charpín; y el consejero delegado de Soralpe -sociedad mercantil cuyo socio único era UGT-A-, E.G.S.
Por su parte, la exresponsable del departamento de Compras, M.D.S.M., se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel y una multa de 50 millones de euros. Para los diez empresarios solicita la Fiscalía Anticorrupción tres años de cárcel .
UGT-A, responsable civil subsidiario
En cuanto a la responsabilidad civil , Anticorrupción exige que los cuatro principales acusados y exdirigentes de UGT-A indemnicen a la Junta de Andalucía de forma conjunta y solidaria en 40,7 millones de euros. Mientras, la exresponsable del departamento de Compras deberá hacerlo en 4,2 millones de euros.
Por último, la Fiscalía considera que UGT-A es responsable civil subsidiario de la cuantía defrauda de 40,7 millones de euros. E igualmente es responsable solidario por las cuantías de las multas de los cinco acusados de la organización sindical, que asciende a casi 45 millones de euros.
En el escrito de califición provisional, la Fiscalía expone que UGT-A ha venido siendo beneficiario de numerosas subvenciones por parte de la Junta, siendo un gran grupo de éstas para impartir cursos de formación porque era una de las materias claves en las políticas activas de empleo en una comunidad donde el paro es «un grave problema».
Para la correcta ejecución de los programas formativos, UGT-A se servía de recursos propios y ajenos, singularmente de Soralpe y del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) , una fundación del sindicato a nivel nacional. La delegación andaluza de este ente fundacional sería la que impartiera los cursos de formación fruto de las subvenciones públicas. A veces, sin autorización o convenio expreso.
Es especialmente significativo en las subvenciones de formación destinada a ocupados, donde a pesar que el sindicato estaba encomendado directamente a la ejecución directa de la acción formativa, los acusados simularon que así lo hacían, cuando la realidad era que se subcontrataban con terceros , excediendo de la simple contratación con proveedores.
UGT-A cedió a Soralpe el usufructo de numerosos inmuebles de su propiedad para crear una estructura de aulas y la gestión de las mismas. Soralpe alquilaba esas aulas a terceros. Al tiempo, según la Fiscalía, el sindicato recurría a terceros como directamente ejecutores de los cursos o para la provisión de los medios personales y materiales para llevarlos a cabo.
Un plan para desviar fondos de los cursos y financiarse con dinero público
Desde el año 2006, desde la Secretaría de Administración del sindicato, se puso en marcha un organismo llamado Central de Compras. Además, la Secretaría de Organización y la de Administración,« con la finalidad de lograr el desvío de fondos que debieran haber sido destinados a los cursos, puso en marcha un plan para financiarse con los mismos , sin perjuicio de que los cursos se impartieran, redundando en su eficacia y calidad, distrayendo directamente cantidades, o evitando devolver descuentos en periodo de justificación ante la administración concedente».
En esta causa se han investigado hasta 14 expedientes de subvenciones desde 2009 hasta 2011. Como ya hiciera el juez instructor, la Fiscalía también entra a analizar los distintos métodos para defraudar: la central de compras, el «rappel», el «bote» y los alquileres.
La creación de la llamada Central de Compras en 2006 fue decisión directa de Manuel Pastrana , que no está procesado en esta causa por su estado de salud, y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, que le sucede en el cargo. Su objeto inicial era centralizar la relación con los proveedores.
Sobre el sistema defraudatorio implantado por UGT-A denominado «rappel», la Fiscalía apunta que era Federico Fresneda quien seleccionaba los proveedores del sindicato «sin más criterio que su libre voluntad y atendiendo a la aceptación de las condiciones que se les imponían». Así, negociaba con los proveedores del sindicato un descuento , que se pactaban como cláusula expresa en cada contrato o bien verbalmente.
Estos descuentos se materializaban mediante una contrafactura de abono, en la que el proveedor devolvía de una vez la totalidad del descuento al sindicato en la cuenta marcada por este en ocasiones y en otras en metálico. Sin embargo, en la cuenta justificativa que se rendía ante la Junta de Andalucía , en concreto la Dirección General de Formación, se presentaba la primera factura «sin incluir ese descuento , ocultándolo y lucrándose así en el exceso».
En la rendición de cuentas que Fresneda presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva del sindicato , se incluía el monto obtenido por el «rappel», se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión entra las distintas delegaciones provinciales.
Mediante la figura del «bote», el sindicato, a través de Federico Fresneda, María Charpín y D.M., se encargaba la elaboración de facturas simuladas , que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con los proveedores, siempre previo pago de esas facturas.
De este modo la factura, que de ordinario se identificaba con un programa formativo o conceptos genéricos, se presentaba ante la administración como parte de la cuenta justificativa.
«Esto permitía que el sindicato sostuviera y financiara actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote . Así y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación», expone el fiscal anticorrupción Fernando Soto en su escrito.
Un manual de los métodos fraudulentos para los trabajadores
De la misma manera que en el anterior, esto se realizaba solo con «proveedores de confianza» seleccionados por Fresneda. Igualmente llegó a tener plasmación contable y registral en el aplicativo Spyro, como el «rappel». Este programa informático contaba con apartados para asentar tales anotaciones al margen de la legalidad, por decisión de María Charpín.
Se difundió un manual de usuario entre los empleados , en los que se daban instrucciones de como manejar y contabilizar las facturas de «bote y rappel» y tal fue su osadía, que llegó a poner ejemplos en el manual con un proveedor real de los que facturaban falsamente.
Según la Fiscaslía, una tercera vía para sustraer fondos de las subvenciones fue la organización de un sistema de alquileres simulados por las aulas empleadas para la formación . Para ello se usaba la empresa Soralpe. Este modo de financiación irregular habría llegado a tener tal magnitud, que «prácticamente casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación ».
Todo en casa
Soralpe -empresa de UGT- facturaba a IFES -fundación de UGT- por locales cedidos por terceros de forma gratuita al sindicato en Andalucía. Entre esos terceros se encontraban la Administración General del Estado, la ONCE o el Ministerio de Fomento en Sevilla .
UGT de Andalucía, además de las tres anteriores, empleó otras modalidades de defraudación, como son la imputación de salarios de empleados a los cursos, cuando realmente no trabajaban en ellos , así como los gastos de estructura y funcionamiento del sindicato, desde las facturas del teléfono a la limpieza.
En otras ocasiones, y siempre imputables a los expedientes de ocupados, los responsables del sindicato simularon ante la administración ser los directamente ejecutores de la acción formativa , cuando en realidad la subcontrataron a terceros (IFES), presentando los contratos de estos como si de simples proveedores se tratara.
El sindicato casi siempre empleaba a los mismos proveedores , al menos en un volumen esencial, proveedores que fueron seleccionados como se ha dicho directamente por el acusado Federico Fresneda, y que se prestaban a colaborar en lo expuesto anteriormente respecto de «bote» y «rappel«.
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