Comisión para la Recuperación de Andalucía
La Fiscalía no abrió una investigación penal a las residencias porque «no había motivos»
La directora del Instituto Andaluz de la Mujer explica en el Parlamento que el sistema de acogida a las víctimas de violencia ha funcionado «con normalidad»
El fiscal Fernando Santos Urbaneja , que coordinó las investigaciones en residencias de ancianos andaluzas durante la pandemia de coronavirus, explicó este lunes en el Parlamento andaluz que no se ha abierto ninguna diligencia de investigación penal en esos centros porque «no había motivos» para ello.
Santos Urbaneja, que dirige la Fiscalía especial de personas con discapacidad de Andalucía, hizo esta afirmación durante su comparecencia en l a Comisión de estudio para la recuperación económica y social de Andalucía tras la pandemia de coronavirus del Parlamento de Andalucía, concretamente en la subcomisión que está estudiando las políticas sociales.
El fiscal aseguró que durante la crisis sanitaria estuvo recabando información diaria de todas las provincias andaluzas, que le llegó a través de las direcciones generales de Salud Pública y de Mayores y de los servicios sociales provinciales . Tras obtener toda la información, «no hemos encontrado motivos» para una investigación penal, apuntó el fiscal en una comparecencia telemática con numerosos problemas de audición.
En Andalucía han muerto por la pandemia de coronavirus 1.438 personas y se calcula que unas 400 han sido mayores .
Durante la fase de recabar información en las propias residencias, Santos Urbaneja explicó que se sorprendió por la «normalidad» con la que los mayores afrontaban la pandemia, y algunos incluso les decían que «para crisis las nuestras». Asimismo, afirmó que no pensaba que el problema en las residencias de mayores se deba a que sea una gestión pública o privada.
El Instituto Andaluz de la Mujer
En este mismo foro también compareció la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández quien explicó que el Teléfono de Atención a las Mujeres lleva dos meses consecutivos, abril y mayo, superando sus volúmenes históricos de llamadas, con 3.910 y 3.815 respectivamente. Fernández pidió a los diputados que forman parte de esta comisión —de la que se han excluido PSOE y Adelante Andalucía— que no se olvide la perspectiva de género en la reconstrucción de Andalucía, «ignorar el impacto de género en las consecuencias económicas y sociales de la Covid agravará las desigualdades».
La directora del IAM también señaló que el servicio de acogida a mujeres víctimas de violencia machista y personas dependientes a su cargo, formados por centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados, ha seguido funcionando «con normalidad». «Entre el 14 de marzo y el 14 de junio se han producido 316 ingresos en los centros de acogida de los cuales 181 son mujeres y 135 menores de edad. Son 69 ingresos menos que en el mismo período del año pasado. Laura Fernández destacó la colaboración con todas las administraciones, sobre todo con los ayuntamientos.
También hubo un espacio para la política municipal en esta subcomisión de políticas sociales de la comisión de recuperación de Andalucía.
El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, llamó al «consenso» para poder lograr la recuperación tras la crisis sanitaria y económica y censuró que él haya sido el primer presidente de una Diputación provincial en comparecer en este foro, ya que los socialistas de Sevilla, Cádiz y Córdoba han dado plantón.
Javier Aureliano García planteó su visión sobre la Andalucía del futuro, así como una batería de propuestas. En este sentido, pidió el desarrollo de un modelo eficaz de ayuda a domicilio «en el que se garantice la financiación y que estén atendidas las personas que lo necesiten». Asimismo, apostó por el teletrabajo y la administración electrónica. «El teletrabajo garantiza la fijación de la población al territorio y con ello la igualdad de oportunidades y la garantía de los servicios en todos los pueblos».
En este sentido, también destacó «la necesidad de lograr una coordinación de todos los servicios públicos en materia de política social» así como la puesta en marcha de líneas de financiación de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil .
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