CASO ERE ANDALUCIA
La Fiscalía acusa a Griñán de valerse de «excusas» para no frenar las irregularidades del caso ERE
En su informe final asegura que «pudo y debió» actuar asumiendo los reproches del exinterventor y del juez instructor que le imputó malversación
La Fiscalía Anticorrupción ha hecho pivotar su acusación contra el exconsejero de Hacienda y expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán en el juicio de la pieza política del caso ERE sobre dos ejes: las declaraciones que realizó el que fuera interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez (también encausado) como testigo en el Tribunal Supremo en el año 2015 y el auto de procedimiento abreviado , previo a la apertura de juicio oral, que dictó el instructor de esta causa Álvaro Martín en mayo de 2016. Este juez le imputó a Griñán supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Gómez aseguró que Griñán se valió de «excusas» para no tomar medidas poniendo freno al sistema de ayudas irregulares tras recibir su informe adicional en el que indicaba que se estaba «prescindiendo total y absolumente del procedimiento legalmente establecido». De la misma forma, la Fiscalía asume los argumentos del juez instructor sobre el delito de malversación, quien afirmó que Griñán «era consciente de la vulneración patente y grosera» de la legalidad y de la disposición de caudales públicos «contra legem». «Nos encontramos con una conducta prolongada en el teimpo de un máximo responsable de caudales públicos», citó la Fiscalía.
En su informe final que están leyendo en el juicio contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de diseñar y mantener un sistema de ayudas «arbitrario», «injusto» y «totalmente opaco», los fiscales Manuel Fenández Guerra y Juan Enrique Egocheaga reproducen y hacen suyos en la vista oral los reproches que Manuel Gómez realizó a su jefe directo en la Consejería de Hacienda. En su declaración, la Fiscalía del Supremo preguntó si «es verdad lo que dicen los responsables políticos, que no habiendo informe de actuación daban por supuesto que el procedimiento era correcto y adecuado».
La respuesta del exinterventor, que la Fiscalía considera que acredita la participación supuestamente delictiva de Griñán en los hechos, fue contundente: « Es evidente que hasta tres miembros del Gobierno han recibido nuestros informes en los que ponemos de manifiesto una serie de circunstancias que eran lo suficientemente relevantes como para que ellos hubieran tomado medidas». Anticorrupción asumió este y otros argumentos de Gómez Martínez, que leyó ante el tribunal, recogidos en el acta de su declaración, ratificada por el encausado en el juicio: «Títulos no le faltan, evidentemente. Es decir, la excusa del informe de actuación es eso, simplemente, una excusa. Porque el consejero de Hacienda tiene como competencia legal en la ley de Administración de la Junta de Andalucía el control económico financiero del sector público».
«Tomar medidas»
«Por muy magro que sea el contenido, ese concepto no puede llegar al punto de sostener que si en un informe de intervención se le está advirtiendo de que hay un déficit presupuestario importante, el consejero deba esperar alguna otra clase de advertencia antes de tomar medidas », relató el exinterventor. Recordó a su vez que Griñán tenía competencias para el control de eficacia de las empresas públicas y le corresponde por ley «en los casos de menoscabo de fondos públicos, irregularidades, tomar medidas».
Durante la sesión de hoy, la Fiscalía está concretando la conducta supuestamente delictiva de cada uno de los 21 acusados . En el caso de Griñána apuntó que «demostró su conocimiento sobre el funcionamiento» de las transferencias de financiación, el mecanismo empleado por la Consejería de Empleo para enviar los fondos a la agencia IFA/IDEA para que pagase las ayudas que aquélla concedía, lo que impedía la fiscalización de las mismas por la Intervención.
Para el ministerio público, para conocer «lo que pudo y debió hacer» Griñán hay que tener en cuenta lo dicho por su viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y por Manuel Gómez Martínez.
Respecto a este funcionario, que se enfrenta, como Griñán, a una petición de pena de 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para empleo o cargo público, en el Supremo también concretó las medidas que podría haber adoptado: «Podía haber ordenado que se suspendieran los calendarios de pago de las transferencias de financiación en favor de IDEA y podía haber ordenado que se suspendieran los pagos y las cuentas corrientes».
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