Antonio Fernández defiende la concesión excepcional de 33,3 millones para cursos al exconsejero Ojeda

El que fuera consejero de Empleo entre 2004 y 2010, Antonio Fernández , ha defendido este martes ante la juez María Núñez Bolaños la concesión de 33,3 millones de euros al empresario y exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés en subvenciones excepcionales para formar y contratar a trabajadores que perdieron su empleo tras el cierre de la factoría Delphi, de Puerto Real (Cádiz). Fernández estaba citado a declarar como investigado dentro de la pieza que afecta al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sobre las irregularidades en los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía.

A preguntas del abogado de Ojeda, Juan Carlos Alférez , Fernández ha afirmado que « no había razón para dejar de concederle las ayudas» puesto que «estaban perfectamente amparadas en la legalidad», según ha explicado a los periodistas el letrado del ex político, Alfonso Martínez del Hoyo . Ha añadido que «no sabía ni supo en su momento» que 33,3 de los 105 millones concedidos dentro del dispositivo de ayudas a Delphi impulsado por la Junta de Andalucía iban a parar a empresas vinculadas a Ojeda.

Fernández, que está imputado por malversación de caudales públicos y prevaricación en los cursos de formación, ha justificado la excepcionalidad de las ayudas por «la situación crítica» que atravesaba la Bahía de Cádiz. «Políticamente estaban justificadas», ha afirmado, según explicado Martínez del Hoyo.

Con su declaración se cierra la pieza política de los cursos de formación financiados con fondos públicos , la que afecta a los exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Durante este martes también estaba programada las declaraciones como testigos del ex interventor general de la Junta de Andalucía Adolfo García Fernández y de la interventora de la Junta en la provincia de Sevilla, Victoria López Gutiérrez. Ésta última no ha declarado por enfermedad.

Fernández estaba citado a declarar este martes por la ayuda concedida al Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) con cargo a la partida de los ERE, de 30.050 euros, pero la comparecencia se ha suspendido porque su abogado ha alegado que el auto de 31 de mayo está centrado en el procedimiento de concesión de las ayudas y en sus efectos, y que no es posible investigar ni enjuiciar a Antonio Fernández por los mismos hechos. La juez Núñez va a resolver por escrito sobre esta petición, a la que se han opuesto todas las partes.