SANIDAD
Farmacias rurales: la aventura de vender pañales cuando no nacen niños
La Junta multa con 15.001 euros a un farmacéutico que participó en un concurso y renunció a la oficina en un pueblo de 400 vecinos
Pórtugos es una localidad de la provincia de Granada, enclavada en el Parque Natural de Sierra Nevada, y en la que residen unos 400 vecinos. Su única farmacia formó parte del listado de oficinas incluidas el concurso público que en 2010 convocó la Junta de Andalucía, bien para cambiar de propietario tras permanecer diez años al frente de las mismas, bien para nuevas aperturas. Certamen al que se presentó Fernando García Pulido, y en el que consiguió la adjudicación del citado establecimiento. Sin embargo, su renuncia a abrir el local en 2013, tras firmar la aceptación, alegando en su opinión motivos justificados, ha llevado a la Consejería de Salud a sancionarle con 15.001 euros, un proceso que en breve entrará en la vía del Contencioso-Administrativo.
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La farmacia de Pórtugos fue adjudicada definitivamente en 2014, después de que la Junta modificara la ley y suavizara las condiciones del concurso, rebajando la superficie útil mínima del local y tras eliminar la caducidad del derecho a la titularidad por motivos de edad cuando el farmacéutico tiene más de 65 años. Su actual titular, Aurora Rodríguez Bolívar, a la que no se le puede negar tesón para salir adelante, admite que el negocio no es del todo rentable porque «hay problemas. No es como una farmacia de Granada capital. Aquí –explica– son muy pocos los habitantes, y rentable no es. Pero yo tengo ganas de trabajar y lo hago todo»,
Una ayuda «mínima»
Las denominadas farmacias rurales, la de los núcleos urbanos de menos de 1.000 habitantes y que eufemísticamente se denominan de viabilidad económica comprometida, cuentan con una ayuda mensual de la Administración que Aurora Rodríguez considera que es «mínima» y, por tanto, insuficiente.
El grueso de los ingresos depende de las recetas médicas, «que cada vez son menos y más baratas», dice. Y los productos de parafarmacia tienen escasa salida en un pueblo de las características de Pórtugos. «¿Pañales?. Cómo se van a vender si en un año ha nacido un niño. Y ni leche para el biberón, porque la madre le da el pecho», afirma la titular del establecimiento con resignación. Tampoco puede pertenecer a una asociación que defienda sus derechos, por la sencilla razón de que no está en condiciones de pagar la cuota.
Es la misma farmacia a la que renunció en 2013 Fernando García, decisión que le está ocasionando un gravísimo problema, ya que teóricamente tiene que hacer frente a una m ulta de 15.001 euros, «como responsable de una infracción administrativa de carácter muy grave», según consta en el expediente que le abrió la Junta.
Tras recibir la notificación de la sanción, su abogado presentó un recurso de alzada, que la Consejería de Salud rechazó. El paso siguiente será acudir a la vía del Contencioso-Administrativo. Y en ello está
«Firmé llorando»
Fernando García es farmacéutico adjunto, casado y con dos hijos y en mal día decidió concurrir para convertirse en titular de una oficina. Pese a conseguir la adjudicación y ratificarla, «firmé llorando», asegura, en septiembre de 2013 renunció alegando dificultad para encontrar local, la ruptura de la unidad familiar, la denegación de un préstamo para poner en marcha el negocio y la alergia de su cónyuge. Argumentos que en la respuesta de la Consejería al recurso de alzada fueron rechazados.
En declaraciones a ABC, Fernando García afirma que fue objeto de «una gran presión», considera que está recibiendo un trato injusto y llama la atención sobre el hecho de que tanto su situación economómica como familiar suponían serios obstáculos para hacerse con un negocio de dudosa viabilidad, en el que hay que permanecer un mínimo de diez años para poder aspirar a otro emplazamiento.
«Si alguien por h o por b se equivoca y quiere dar marcha atrás, tendría que poder hacerlo, y no enfrentarse a una multa de 15.000 euros. Eso no ocurre en otras comunidades –sostiene–. Además, se puede renunciar por causa justificada. Yo he presentado tres o cuatro, pero me dicen que no valen. Y todo para que los que tenemos dos duros tengamos que pagarle. Y no he cometido ningún delito», se lamenta.
Manue l Pérez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, entiende que lo que pretende la Junta en este caso concreto «es una barbaridad. No se trata de que se haya querido entorpecer el proceso; es que sencillamente no han tenido la capacidad financiera suficiente para poder abrir una farmacia, y eso se tiene que entender por parte de la Administración. Porque estar diez años al frente de un negocio que no te da dinero... De becario se puede estar un tiempo, pero no tanto. Y menos una familia», argumenta Manuel Pérez.
En su opinión, «moralmente no se puede imponer esa sanció n porque un banco no te ha autorizado un préstamo para abrir una farmacia si no tiene rentabilidad. Por eso –enfatiza– no te debe sancionar la Junta de Andalucía, y lo tendría que reconsiderar».
