Crisis sanitaria
Las farmacias, desabastecidas de las mascarillas contra el coronavirus cuyo uso estudia imponer el Gobierno
Sin existencias de material protector desde antes del estado de alarma; hay dudas jurídicas sobre el plan del Ejecutivo para aislar a asintomáticos
¿Tiene mascarillas? Los farmaceúticos no han parado de escuchar esta pregunta detrás del mostrador desde semanas antes de que se decretara el estado de alarma por el coronavirus. Cansados de responder que no, muchos han optado por colgar en la puerta de entrada de su establecimiento el cartel de «No hay mascarillas» , especificando que tampoco tienen existencias de geles desinfectantes, guantes de látex, alcohol, agua oxigenada y hasta termómetros.
« Estamos desabastecidos de todo lo necesario para servir de barrera de protección al virus», atestigua el decano del Colegio Oficial de Farmaceúticos de Sevilla, Manuel Pérez. Las mascarillas, el artículo de protección más demandado, volaron de las baldas de las boticas cuando la epidemia se desató en la ciudad china de Wuhan el pasado enero.
En medio del desabastecimiento generalizado, el ministro de Sanidad, Salvador Illa , avanzó que estudia extender su uso a toda la población para salir a la calle. Pero reconoció que habrá que esperar unas semanas porque no están al alcance de los ciudadanos. «Si estuviéramos al principio de la pandemia se podría entender la escasez, pero es que llevamos tres semanas de alarma y están diciendo que están mandando mascarillas. Aquí no han llegado. El Gobierno debe ponerse las pilas porque los farmacéuticos también estamos desprotegidos», lamenta el decano.
«El Gobierno debe ponerse las pilas. Dice que está mandando mascarillas pero aquí no llegan»
«Como no puede asegurar el abastecimiento, no ha impuesto el uso obligatorio», asegura a ABC Nacho Pérez , director de Relaciones con la Industria de Bidafarma, una de las dos mayores distribuidoras de medicamentos de España. «Tenemos pedidos de mascarillas pero estamos muy cortos. Prácticamente no hay unidades para la venta», reconoce.
La cooperativa andaluza, que surte a 10.000 farmacias , cuenta que las mascarillas que había se han destinado al uso hospitalario y a los sectores más vulnerables. Parte del material que iba a recibir Bidafarma y también el Servicio Andaluz de Salud (SAS) fue decomisado por el Ejecutivo a una fábrica de Alcalá la Real, en Jaén. Las pocas mascarillas que existen, las más básicas, han triplicado su precio . Si antes costaban 30 céntimos, ahora le salen por dos euros al distribuidor. La escasez ha propiciado algunos abusos. A un cliente en el centro de Sevilla le pidieron hasta 13 euros por unas mascarillas de papel. Las de mayor protección, tipo FPP2, pueden costar seis euros o más.
En las boticas esperan que los primeros lotes empiecen a llegar esta semana y hacen listas de pedidos con sus clientes. José Luis Márquez, presidente de la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía , explica que en los 3.800 establecimientos, salvo contadas excepciones, faltan mascarillas; alcohol de uso sanitario, con lo cual no pueden elaborar desinfectantes los que tengan licencia de laboratorio; y termómetros. Sí tienen desde hace tres o cuatro días geles para las manos. Aunque puede haber «alguna oveja negra» que aplique precios desorbitados, asegura que no es la tónica general y «muchos farmacéuticos venden incluso a precio de coste al considerarlos productos de primera necesidad».
Dudas jurídicas
El Gobierno no ha avanzado a la Junta ningún criterio sobre qué va a hacer tras levantar el confinamiento . Para la siguiente fase, «nos han trasladado la idea de empezar a reunir a expertos en Sanidad de las distintas comunidades, pero no ha llegado ninguna propuesta», afirman fuentes del Ejecutivo andaluz.
Sobre el plan del Ejecutivo de confinar en hoteles a infectados asintomáticos hay dudas jurídicas. El propio ministro de Justicia, el juez sevillano Juan Carlos Campo , reconoce que no está claro cómo actuar si el afectado se niega a recluirse en algún hotel previsto para este fin.
El abogado Armando Rozados , del bufete Roca Junyent-Gaona y Rozados Abogados, lo compara con un «arresto domiciliario» y asegura que supone una limitación al derecho de libre circulación que no tiene encaje en el estado de alarma. «Sería necesario un estado de excepción para aplicarlo, que debe aprobar el Congreso», señala amparándose en jurisprudencia sobre este tipo de restricciones.
«El primer escollo con el que se encuentra es que no se puede obligar a una persona a hacerse un test y para saber si está infectado debe estar diagnosticado. El segundo problema es que una medida de este tipo requiere un control judicial, como sucede con un registro domiciliario», expone este letrado de Sevilla.
Manuel Camas , experto jurista y exdecano del Colegio de Abogados de Málaga, en cambio, cree que sí hay instrumentos jurídicos para acatar este tipo de aislamiento. Existe la obligación de someterse a pruebas de detección y de aislarse en su domicilio, pero también en un hotel, un hospital o local habilitado para ello que cumpla las condiciones higiénico-sanitarias, según el artículo 12.1 Ley Reguladora del Estado de Alarma, argumenta este abogado.
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