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La factura sanitaria en Andalucía por la Covid-19 va por 700 millones
Moreno disputa con el Gobierno central el pago a los sanitarios que se han dedicado a trabajar en la lucha contra la pandemia
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La información que maneja el Gobierno andaluz sobre el impacto de la covid-19 le hace ser optimistas. Los datos de impacto de la pandemia están reduciéndose progresivamente de manera que consideran que el virus está «controlado aunque no erradicado». Es más, el presidente de la Junta, Juanma Moreno afirmaba este miércoles que está preparado para afrontar los próximos meses desde el punto de vista sanitario y de la seguridad de los andaluces.
Porque tanto la Junta como el Gobierno central entienden que habrá un rebrote de la enfermedad y sus esfuerzos se centran en tener preparados los dispositivos sanitarios y de alertas para atender lo más rápidamente posible cualquier eventualidad. Que pasa también por tener que tomar medidas en determinadas infraestructuras durante el verano. «Se hará lo que se tenga que hacer» , confirmaba a ABC el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, incluyendo el cierre de playas, hoteles o restaurantes si llega el caso .
Con todo el dispositivo preparado y una importante reducción en la presión de los hospitales, lo que preocupa ahora es la factura que habrá que pagar por todo esto.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, afirmaba este miércoles en el Parlamento —que celebró un pleno un tanto particular con mascarillas, 44 diputados y el letrado mayor contando los votos a mano alzada entre los escaños— que la factura sanitaria va por 700 millones de euros, una cantidad que ha salido, por el momento, de las arcas de la Junta de Andalucía con una línea de crédito que ha habilitado la Consejería de Hacienda que ha cambiado todo el Presupuesto para 2020 aprobado por el Parlamento.
Pero el Gobierno andaluz quiere recuperar parte de este dinero y mantiene abierta una disputa con el Gobierno central por el reparto y la justificación de los fondos incondicionados que ha consignado para pagar la factura sanitaria de las comunidades.
Gasto en sanidad privada
El Gobierno de Pedro Sánchez ha consignado 10.000 millones de fondos extraordinarios para el pago de la factura sanitaria que está dejando la Covid-19 y ha enviado un cuestionario a las autonomías para ir controlando ese gasto. Y ahí es donde están las diferencias. El Gobierno andaluz entiende que debe consignarse como gasto asignado al coronavirus las nóminas de todos los sanitarios que se han dedicado a la lucha contra el virus, ya que no han atendido otras obligaciones.
«Cualquier hospital ha reservado plantas completas para los afectados, ¿de verdad todo ese personal sanitario que les ha atendido, en planta y en UCI, no se va a permitir que se compute como gasto Covid? ¿Se está preparando así una limitación a la incondicionalidad y al no reintegro de este fondo de 10.000 millones?», afirmaba Moreno en el Parlamento.
El presidente explicaba, además, que si ese gasto sanitario se ha llevado a cabo en clínicas privadas, sí se puede incluir en los cuestionarios del Gobierno central que los abona . También pagará el Estado las horas extra o el personal de refuerzo específico para la Covid-19. Fuentes del Ejecutivo regional explicaban a ABC su indignación por este criterio y temían que se haya incluido para favorecer al País Vasco y Cataluña que tienen muchos conciertos sanitarios.
Desde la oposición, sin embargo, lo ven de otra manera. E l PSOE andaluz acusaba directamente al presidente Moreno de «mentir» asegurando que el Gobierno de Pedro Sánchez favorece a la sanidad privada.
Desde Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto , preguntaba al consejero si la factura de la Covid en Andalucía superará los 1.068 millones de euros que es la cantidad disponible de fondos europeos reprogramables para gasto sanitario. Se trata, sin embargo, de un dinero del que ya disponía Andalucía en fondos de la UE.
El consejero de Hacienda, Juan Bravo , detallaba en una comparecencia que el verdadero problema económico para las comunidades serán los dos próximos años, 2021 y 2022, la que el Gobierno central mantiene las mismas condiciones que antes de la crisis del coronavirus «un permiso de déficit del -0,2%, para 2020; del 0,1%, en 2021, y equilibrio presupuestario para 2022».
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