CLAMOR SOCIAL CONTRA EL TRIBUTO
Extremadura deja sola a la Junta en su apoyo al impuesto de sucesiones
La consejera de Hacienda andaluza María Jesús Montero insiste en culpar a Rajoy y propone revisar coeficientes
la Junta de Andalucía cada vez está más sola en su huida hacia adelante con el impuesto de sucesiones. Ni Extremadura ni el Principado de Asturias, comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, le siguen los pasos en su estrategia de devolver el tributo al Estado. Ambas regiones, que ocupan los primeros puestos en la presión fiscal sobre las herencias junto con Andalucía, han reaccionado con algunos gestos ante las críticas de los afectados. El Ejecutivo andaluz, en cambio, se ha mostrado hasta ahora refractario a la ola de indignación popular hacia el tratamiento de este tributo.
«Si hay hechos injustos», aseguró el presidente de Extremadura que va a «corregirlos»
Mientras el presidente asturiano, Javier Fernández, ha pactado con el PP una rebaja del tributo que reduce la presión fiscal que pesa sobre las herencias, el mandatario extremeño, Guillermo Fernández Vara, abrió ayer una puerta a modificarlo . Fue con ocasión de una pregunta formulada por el líder del Grupo Popular, José Antonio Monago, sobre si su gobierno tenía previsto ampliar las bonificaciones ante el «clamor social» contra el impuesto sobre sucesiones y donaciones. En la Asamblea de Extremadura, el «barón» socialista le contestó que va a realizar «un estudio en profundidad» sobre su impacto durante los últimos cinco años. «Si hay hechos injustos», aseguró que va a «corregirlos».
Fernández Vara defendió que en la actualidad en Extremadura «en sucesiones entre padres e hijos o entre cónyuges está prácticamente bonificado hasta los 600.000 euros ». Sin embargo, «lo que ha ocurrido en los últimos días es que han aparecido noticias que afectaban fundamentalmente a herencias entre tíos y sobrinos».
«Términos razonables»
«Vamos a analizar de qué estamos hablando y de cuánto es la cuantía», si de ese análisis «se desprende que pudiera haber un exceso», Vara dejó claro que no tiene «inconveniente» en hablarlo «en términos razonables».
El tono conciliador y autocrítico de Fernández Vara contrasta con la estrategia mantenida por el Ejecutivo de Susana Díaz , que ha convertido el malestar ciudadano contra este impuesto en una nueva arma política que arrojar al Gobierno de Rajoy. Para ello, ha planteado la devolución del impuesto de sucesiones sin renunciar a los ingresos (cerca de 400 millones anuales) que éste le reporta.
Dentro de esta táctica, la Junta de Andalucía ha lanzado una intensa campaña de publicidad institucional para justificar el cobro del tributo. En paralelo, la Consejería de Hacienda ha creado un simulador para demostrar que la mayoría de andaluces «no tienen que pagar nada». Se trata de una herramienta puramente informativa, que excluye a los familiares que se pueden beneficiar de menos reducciones, y cuyo resultado «no tiene validez jurídica» ni es vinculante.
Comparecencia
La consejera andaluza de Hacienda compareció ayer en una comisión parlamentaria a propuesta del PP para valorar el sistema de valoración de las herencias, que consiste en la aplicación de unos coeficientes multiplicadores a los valores catastrales de los inmuebles que el finado deja a sus familiares. María Jesús Montero perseveró en la misma estrategia. «Si el PP considera que hay que eliminarlo, que lo elimine y lo lleve al Congreso de los diputados», espetó al parlamentario del PP-A, José Antonio Miranda, quien criticó que el Gobierno andaluz «está desconcertado y va dando bandazos» porque «ya no sabe qué hacer ante el clamor social que hay en Andalucía contra el impuesto».
Durante su comparecencia, la titular andaluza de Hacienda anunció que un grupo de expertos va a revisar la actual orden de coeficientes que sirve de referencia en el cálculo de la cuota del impuesto de sucesiones y demás tributos estatales que gestiona la comunidad autónoma, que ha sido cuestionado por el Defensor del Pueblo, como publicó ABC.
La consejera argumentó que, al igual que muchas otras comunidades autónomas, Andalucía ha optado por el procedimiento de los coeficientes multiplicadores, que se actualizan anualmente «Es responsabilidad del Estado que el valor catastral se ajuste a la realidad de cada inmueble, porque un error supondría perjudicar a los contribuyentes en multitud de impuestos», dijo.
Miranda, por su parte, la rebatió: «En Andalucía se cobran impuestos sobre unos valores sobredimensionados y la gente no puede vender el piso heredado» por el valor asignado.
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