Corrupción
La extraña ausencia de los letrados de la Junta de Andalucía en el caso ERE
Llevan más de un mes sin recoger autos y notificaciones y tampoco van a los interrogatorios
La de la magistrada María Núñez Bolaños , que está de baja por motivos personales desde el pasado martes, no es la única «ausencia» reseñable que se ha producido en el juzgado donde se instruyen las macrocausas que heredó de la juez Mercedes Alaya .
Los letrados que representan a la Junta de Andalucía como acusación particular y principal perjudicada por el fraude de las ayudas de los ERE llevan desde julio sin acudir al juzgado para recoger las notificaciones que desde entonces ha realizado el juzgado sobre esta y otras causas.
Desde que el pasado lunes, el sustituto de Núñez, el magistrado José Ignacio Vilaplana , reanudó los interrogatorios en el caso ERE, los abogados de la Administración autonómica no han asistido a ninguna de las comparecencias diarias de testigos e investigados en esta macrocausa y en otra que analiza el menoscabo de fondos públicos generado por la concesión de un préstamo de 36,1 millones de euros a la desaparecida fábrica de Santana Motor en Linares.
Ante la incomparecencia de los abogados de la Junta en las citaciones que ha habido en las piezas de los ERE de las empresas Cervezas Alhambra, Scafa, Asociacion Class Mana, Plantas Flores Castejón, Tartessos CAR y Bodega Zoilo Ruiz-Mateos , el peso de los interrogatorio lo han asumido el juez Vilaplana, los fiscales, la acusación del PP-A y algunas defensas.
En el juzgado hay una montaña de citaciones, señalamientos y resoluciones judiciales sobre piezas de los ERE pendientes de recoger por los letrados autonómicos. Su incomparecencia tiene efectos inmediatos sobre la marcha de las investigaciones . El plazo para recurrir autos o archivos no empieza a contar hasta que las resoluciones no se notifican.
Los abogados autonómicos pidieron archivar el caso Avales contra ex cargos socialistas, en contra del criterio de la Fiscalía
La actuación de los letrados de la Junta puso en un brete el pasado mes de mayo al Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos en otro caso de supuesta corrupción, centrado esta vez en la «indebida concesión» de avales por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a 18 empresas que a su vez habían sido beneficiarias de ayudas con cargo al conocido como «fondo de reptiles» de los ERE .
En contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, los abogados que representan los intereses de la Junta de Andalucía pidieron archivar la causa abierta contra los ex altos cargos socialistas que, por razón de su cargo, participaron en la gestión de estos avales conocidos como ayudas de salvamento y reestructuración.
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