Un exempleado de UGT-A denuncia alzamiento de bienes en la venta de un inmueble del sindicato
La venta del inmueble, afirma el exempleado, «podría tener por objeto dilatar, dificultar o impedir la eficacia de un embargo o un procedimiento de apremio judicial»
El extrabajador de UGT-A que denunció el presunto uso irregular d e fondos públicos destinados a cursos de formación y que fue condenado por filtrar información confidencial a la prensa ha pedido al juzgado que investigue un posible alzamiento de bienes en la compraventa de un inmueble del sindicato.
El Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla , en una sentencia dictada el pasado 31 de marzo, condenó a dos años de cárcel a Roberto Alejandro M.C. por un delito de descubrimiento y revelación de secreto por el que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado tres años, mientras que UGT-A reclamó cuatro.
En una denuncia registrada este martes a la que ha tenido acceso Efe, el exadministrativo de UGT-A y actual vicepresidente de la Asociación Alianza contra la Corrupción informa al Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla sobre la compraventa de un inmueble en la calle Antonio Salado, en Sevilla capital, en 2015.
El denunciante recuerda que el juez instructor, en un auto del pasado 21 de julio, mandó a UGT que señalase los bienes de su propiedad susceptibles de ser embargados para cubrir la fianza de 40 millones de euros que le impuso como posible responsable civil subsidiario del presunto desvío de subvenciones de la Junta de Andalucía.
La venta del inmueble, afirma el exempleado, «podría tener por objeto dilatar, dificultar o impedir la eficacia de un embargo o un procedimiento de apremio judicial», según explica en un comunicado en el que muestra su confianza en que la Fiscalía Anticorrupción «secunde» su petición .
En un auto dictado el pasado 13 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 9 abrió juicio oral contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y catorce personas más, entre ellas otros cuatro responsables del sindicato, por un presunto fraude de 40,7 millones de euros destinados a cursos de formación.
Los principales investigados son Fernández Sevilla, el ex secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda , la secretaria de Gestión Económica María Charpín y Enrique Goicoechea, consejero delegado de Soralpe I Mas P Asociados.
Anticorrupción pide siete años de cárcel y 50 millones de euros para cada uno de ellos, así como que indemnicen solidariamente a la Junta con 40.750.047,74 euros , por un delito continuado de fraude en subvenciones en concurso ideal con otro de falsedad en documento mercantil.
También solicita cinco años de prisión para la responsable del departamento de Compras de UGT-A por los mismos delitos y tres años para los diez proveedores, a quienes considera cooperadores necesarios.
El instructor impuso una fianza de 40.750.047,74 euros a Fernández Sevilla, Fresneda, Charpín y Goicoechea de la que también debe responder UGT-A como presunto responsable civil subsidiario.
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