CURSOS DE FORMACIÓN
El exconsejero Ojeda pide que se rechace el informe de Delphi por estar lleno de «errores»
Asegura que contiene «datos inexactos y falta de rigor al no analizar la documentación sobre la justificación del gasto»
El abogado del exconsejero andaluz Ángel Ojeda ha presentado un escrito en el juzgado que investiga los cursos de formación en el que pide que se rechace el informe de un perito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre Delphi porque está lleno de «errores» y por su «falta de rigor».
En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, el defensor de Ojeda se asegura que el informe del perito, de 2014 y que sirvió de base para imputarle, está «pleno de errores», contiene «datos inexactos , datos no tenidos en cuenta, omisiones palmarias, falta de rigor y ausencia de análisis de la verdadera documentación que constituía la justificación del gasto».
La iniciativa de Ojeda se produce después de que el pasado 23 de septiembre, el perito dijera que el «fraude» con los cursos de formación y contratación de Delphi, para lo que se destinaron 105 millones de euros tras su cierre en 2007, se debió a los «compromisos políticos» asumidos por la Junta de Andalucía.
El abogado resalta que el perito, en su declaración judicial, dijo que «si algún dato no he tenido en cuenta, habrá sido por negligencia, no por ocultación», y añadió que «el informe no esté hecho con mala fe para ir detrás de alguien y no me he guardado nada para perjudicar a nadie».
El perito Carlos Uruburu «no ha sido nombrado perito judicial según las estrictas reglas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que más al contrario, ha sido 'cazado' de manera 'fortuita' por la UCO de la Guardia Civil en una reunión para-procesal» al parecer «casual», según el defensor de Ojeda.
El perito, añade el escrito de Ojeda, fue «incorporado al proceso de manera extraña, anómala y con vulneración de los más elementales derechos de investigado en sede penal».
Por ello, el abogado considera que el informe no debería «surtir el menor efecto como prueba de cargo en la instrucción, por ser elaborado con prueba obtenida de manera ilícita, con vulneración de derechos fundamentales, entre otras razones».
«La única verdad existente es que todo el dinero recibido se empleó en su integridad a impartir formación a un precio muy inferior al de condiciones normales de mercado», asegura el letrado de Ojeda.
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