Fraude de Formación
El exconsejero Ojeda «se apropió» de 3,6 millones de los cursos de la Junta con una «empresa fantasma», según la UDEF
En una carta revela contactos con delegados autonómicos de Sevilla y Cádiz para estar «bien colocado en la parrilla de salida» de las ayudas
El exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda Avilés creó una empresa «fantasma», Serpro S.L. « única y exclusivamente para desviar o apropiarse ilícitamente de parte de los fondos concedidos en subvenciones para formación» por la Junta de Andalucía. Es la contundente conclusión a la que llega la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional tras examinar abundante documentación encontrada en archivos informáticos intervenidos en la sede social del Grupo Prescal en la localidad sevillana de La Rinconada.
En el informe policial al que ha tenido acceso ABC , entregado a María Núñez Bolaños, la juez que investiga el supuesto desvío de dinero público por parte del empresario, la Policía pone por primera vez números al supuesto agujero: 3,61 millones de euros . Además, se ratifica en sus sospechas sobre el posible trato de favor recibido por el antiguo político por parte de cargos de la Junta de Andalucía.
«El presente escrito y las pruebas que se adjuntan vienen no sólo a ratificar las ilícitas operaciones del grupo, el engaño a los docentes en sus condiciones de trabajo , el fraude a la Hacienda pública, sino también permite cuantificar que la organización, desde marzo de 2011 hasta septiembre de 2012, sustrajo de la partida correspondiente al pago de los docentes la cantidad de 3.618.537 euros», expone la UDEF en sus conclusiones.
La empresa facturaba por servicios «ficticios que nunca se prestaron» para quedarse con el dinero
Con el propósito de «obtener un mayor beneficio» con cargo a los fondos públicos, Ojeda, administrador del grupo, habría creado Serpro S.L., «empresa fantasma para formalizar una facturación ficticia ». La normativa establece que por lo menos el 40 por ciento de la cuantía subvencionada debe ir destinada al gasto de docentes. Aunque las ayudas se justificaban ajustándose «con exactitud» a este porcentaje, la investigación «ha demostrado» que «alrededor del 50%» de esta cuantía se «conseguía desviar ilícitamente» mediante «el método de la contrafacturación».
El importe total facturado por los docentes de los cursos a entidades del grupo Prescal asciende a 6,1 millones. De esta cuantía, 3,6 millones se habrían desviado a la organización a través de Serpro, que recogía en las facturas servicios «ficticios que nunca se prestaron» o bien «se engañaba» a los profesores haciendo constar en sus contratos un precio por hora de docencia que «no era real».
En su atestado, la UDEF reproduce parte de una carta enviada por Ángel Ojeda a Pedro Legerén, ex jefe de servicio de Programas para el Empleo de la Junta de Andalucía e investigado en esta causa de formación.
La misiva reza así: «Siguiendo tu consejo, te informo que ya me he puesto en contacto con los delegados de Sevilla y Cádiz, informándoles de las distintas propuestas presentadas, para que nos tengan bien colocados en la parrilla de salida ». Y finaliza: «Esperando que esta gestión dé sus frutos, un fuerte abrazo». Para los agentes, «se pueden apreciar nuevamente las relaciones que Ojeda mantiene con ciertos cargos de la Junta de Andalucía y como pudiera haber hecho uso de los mismos a favor de sus intereses».
Un docente avisó a la Junta y no actuó
El informe policial se hace eco del testimonio de un docente de Cádiz, que alertó de las irregularidades a un responsable del departamento de Formación Profesional para el Empleo en Cádiz, sin que recibiera respuesta alguna. Según detalla la UDEF, este profesor «dio cuenta del proceso irregular de facturación y contrafacturación, mediante conversación telefónica, a un tal Manolo Fernández de la Junta de Andalucía, quien le facilitó la cuenta de correo electrónico».
El primero de los correos se envió el 1 de abril de 2011 , años antes de que estallara el fraude de la formación. El correo se acompñana de otro correo reenviado por responsables de empresas del grupo Prescal en los que «le explican o pretenden justificarle esa forma de operar». Tras no recibir respuesta, el docente envió dos correos más a este funcionario «consultando si esta forma de facturar era correcta, ante lo que no obtuvo respuesta alguna». Para la Policía este empleado público pudo cometer un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos.
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