El exconsejero Luciano Alonso pide no criminalizar la formación
Ha subrayado que el sistema andaluz para su gestión es «mucho más garantista» con el dinero público que cualquier otro regional o que el estatal
El exconsejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso , ha reclamado este martes que no se criminalice ni se caiga en un «descrédito tan negativo» de la formación profesional para el empleo y de los agentes que en ella participan porque ha contribuido «de manera decidida a la cualificación y a la inserción laboral» y ha subrayado que el sistema andaluz para su gestión es «mucho más garantista» con el dinero público que cualquier otro regional o que el estatal.
En la extensa intervención con la que ha arrancado su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a los cursos de formación, en el Parlamento andaluz, Alonso ha lamentado que los «grandes titulares de fraude masivo» y la mezcla de procedimientos judiciales y policiales con el trabajo administrativo ha contribuido a la «demonización» de todo un sector y de la importancia que tuvo para la creación de empleo y el desarrollo de políticas públicos.
Así, ha subrayado que la Junta «ha sido y es la primera interesada» en que se aclaren los casos que se investigan por presunto fraude y mala utilización de los recursos públicos pero ha pedido que, hasta que terminen las investigaciones, «no se haya causa general» ni se «condene aleatoriamente».
El exconsejero ha reprochado que «hacemos un flaco favor criminalizando todas las actuaciones administrativas»
«Hacemos un flaco favor criminalizando todas las actuaciones administrativas cuando son procedimientos ordinarios y genéricos que solo pretenden garantizar la seguridad del tercero y el buen uso del dinero público», ha reprochado.
El exconsejero ha insistido en que el sistema de tramitación administrativa andaluz ha sido «mucho más garantista» con el uso de dinero publico que en el resto del país, y ha rechazado que se pueda considerar que el concepto de exceptuación pueda eximir de la obligación de justificar.
«Nunca exoneré a una empresa de cumplir una obligación» , ha incidido Alonso, que también ha defendido que las resoluciones de reintegro «no son sinónimo de fraude» sino el mecanismo que la administración emplea, dentro del procedimiento ordinario, para reclamar a un tercero que devuelva parte o el total de una subvención al haber comprobado que administrativamente no cumple con los criterios para ser objeto de la misma.
Noticias relacionadas
