El exconsejero Antonio Fernández critica los «efectos devastadores» de su imputación en los ERE

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández ha criticado en un escrito que la «masiva» imputación que le realizó la juez Mercedes Alaya en la primavera de 2012 en relación al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha provocado «efectos devastadores» sobre su presunción de inocencia «que aún se extienden en el tiempo y llegan hasta el momento presente».

En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del exconsejero, Alfonso Martínez del Hoyo , se expresa de este modo después de que la juez María Núñez Bolaños impusiera una fianza civil de 2.266.666,66 euros a tres exdirectivos de la empresa Antonio Barbadillo S.A. por las ayudas recibidas por la sociedad Matadero de la Sierra Morena , ubicada en la Sierra Norte de Sevilla, en un auto donde aludía al papel de Fernández en estas ayudas.

En este auto, la juez Núñez señalaba que estos tres imputados, Manuel Valdecantos, Pascual Caputto y Manuel Robles, "mediante la utilización de sus influencias en la Consejería de Empleo a través de su titular, Antonio Fernández, o incluso en instancias superiores... obtuvieron la firma el 27 de marzo de 2008 de una subvención", así como que Caputto «le confirmaría a Santiago Herrero, presidente de la CEA , en carta que le remite el 28 de junio de 2010... que en la última entrevista que tuvo con el consejero éste les garantizó que les pagarían...».

Al hilo de ello, el letrado asevera que su cliente «no conocía personalmente y ni siquiera tenía la menor constancia de la existencia» de estas tres personas «a la indicada fecha de marzo de 2008, luego no cabe que los mismos pudieran utilizar ninguna clase de influencias ante él», a lo que se suma que «tampoco conocía ni jamás se había reunido» con Pascual Caputto «a esa otra fecha citada de 28 de junio de 2010, en la que por cierto y desde meses antes ya no era consejero».

El letrado , en este escrito de alegaciones fechado el pasado 17 de diciembre y consultado por Europa Press, subraya que, «con ocasión de serle recibida declaración en la ya lejana primavera de 2012, su patrocinado fue objeto de una imputación tan masiva que se extendía a todas y cada una de las ayudas sociolaborales o directas a empresas concedidas a lo largo de todo el periodo en que ejerció cargos en la Consejería de Empleo ».