El exconsejero Antonio Fernández, carne de banquillo

Han sido tantas las veces que Antonio Fernández García ha tenido que pisar los juzgados de Sevilla que ya «son como su casa» . El que fuera consejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010 se lo confesaba a un grupo de periodistas mientras aguardaba para declarar en uno de esos interminables tiempos muertos que median entre los interrogatorios en los pasillos del vetusto edificio del Prado de San Sebastián . No le servirá de consuelo, pero al menos ahora puede regresar a su casa después de declarar ante la juez María Núñez Bolaños, que instruye varias diligencias por las que está siendo investigado: los ERE y el caso Formación. No siempre fue así.

El 24 de abril de 2012 abandonó la sala de vistas a las 7.45 horas escoltado por dos agentes de la UCO y otros tres guardias civiles para entrar en un furgón policial con destino a la prisión tras una tenso interrogatorio de la juez Mercedes Alaya . La anterior instructora del caso ERE decretó prisión provisional comunicada y sin fianza tras acusarle de seis delitos. Se convirtió en el cargo público de mayor rango encarcelado por presunta corrupción en treinta años de autonomía andaluza. Abandonó la prisión tres meses y medio después tras reunir el dinero de la fianza (450.000 euros) «gracias a cientos de aportaciones individuales» de sus amigos.

Desde entonces, el exconsejero no ha dejado de acumular acusaciones por las diferentes piezas sobre ayudas concedidas a empresas de los ERE donde se ha visto inmerso. Está siendo investigado por las ayudas concedidas al exconsejero de la Junta Ángel Ojeda, que recibió 52,6 millones de euros para impartir cursos de formación. Fernández está, además, a un paso de sentarse en el banquillo como procesado en tres investaciones ya cerradas del caso ERE. Por su participación en las ayudas concedidas a Acyco y a Surcolor, así como por implantar y mantener un procedimiento que el juez Álvaro Martín considera ilegal para financiar despidos en empresas, Antonio Fernández se enfrenta a una petición de pena de cárcel de 28 años, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Ni el director de Trabajo que tuvo a su cargo, Francisco Javier Guerrero, que facilitó ayudas al churrero de su pueblo, al amigo de la infancia o a su chófer, iguala estos números. La Junta de Andalucía, que ejerce de acusación, no ha tenido reparo en pedir una pena de seis años de prisión para él por Acyco.

Futuras imputaciones —una por cada ayuda bajo sospecha en la que tomara parte— pintan de negro su horizonte penal. Podría acumular hasta 200 años en solicitudes de prisión. Fernández puede convertirse en el mayor damnificado por la división en piezas de la macrocausa de los ERE, a lo que siempre se negó Alaya . Paradójicamente, en esto habría sido su mayor aliada, si no fuera porque se marchó a la Audiencia de Sevilla y el Consejo General del Poder Judicial no le permitió seguir las pesquisas mediante una comisión de servicios.

Las imputaciones se suceden a un ritmo frenético para Fernández, que estudió Derecho. Dos autos fechados la pasada semana lo han vuelto a incriminar. La juez María Núñez Bolaños lo ha citado como investigado, por su intervención en una ayudas de 6,3 millones de euros concedida en 2001 a la empresa Yogures Andaluces S.A. (Yogan). En otro auto del pasado día 20, la misma magistrada lo imputaba por 18 ayudas supuestamente irregulares concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, los exalcaldes socialistas de Guadalcanal y El Real de la Jara (Sevilla), Carmelo Montero y José Antonio Méndez, respectivamente.

Entre los imputados también figura una religiosa del convento de las Jerónimas de Constantina (Sevilla), identificada como Carmen Muñoz Rivas, que fue presidenta de una cooperativa textil -SCA Megara- que recibió una subvención de 44.000 euros de la Junta de Andalucía y que ya compareció en mayo de 2015 ante la juez Mercedes Alaya, acogiéndose a su derecho constitucional a no declarar.