Corrupción
El exalcalde de Lebrija fue enchufado en la fundación Faffe «sin más mérito» que el carné del PSOE
El juez sostiene que la fundación pública le creó un puesto sin contenido por afinidad personal y política con Villén
Antonio Torres García , histórico alcalde socialista de la localidad sevillana de Lebrija, perdió las elecciones municipales del domingo 25 de mayo de 2003. Apenas un mes después fue recolocado en un puesto directivo «sin contenido» –por el que cobraba 46.750 euros anuales – y creado expresamente para él por el director general de la fundación pública Faffe, Fernando Villén, que también fue secretario de Empleo del PSOE andaluz. Carecía de formación y ni siquiera acudía a trabajar.
El exregidor se ha convertido en el primer contratado de la extinta fundación de la Junta dedicada a organizar cursos de formación para desempleados que ha sido procesado judicialmente por «enchufismo». Mediante un auto notificado ayer a las partes, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana , destaca que percibió «emolumentos, prestaciones y salarios» por un importe total de 491.203,03 euros entre 2003 y 2011 , «sin que conste que trabajara realmente, disfrutando además de los beneficios de un alta ficticia en la Seguridad Social». Es más, este contrato le permitió integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como empleado público –tras la extinción de la Faffe en mayo de 2011–, «sin más mérito que su afinidad y vinculación personal y política» con el ex director general técnico de dicha fundación, que también ha sido procesado.
El magistrado ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas, el último paso antes de la apertura de juicio oral. Ahora la Fiscalía y el resto de acusaciones personadas podrán pedir penas para los encausados, el archivo de la causa o, excepcionalmente, nuevas pesquisas. El juez aprecia presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
En su auto, facilitado por el TSJA, el juez relata que, «efectivamente», Torres García había venido desempeñando el cargo de alcalde de Lebrija desde las primeras elecciones autonómicas por el PSOE . Después de 24 años como regidor, Torres perdió la Alcaldía lebrijana, «lo que habría determinado su contratación en la Faffe», pese a que «carecía de formación y aptitudes para asumir funciones correspondientes a dicho nivel profesional».
El exalcalde de Lebrija fue colocado en la fundación autonómica «a instancia» del entonces director general « por su sola voluntad, sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar ». Su contrato se realizó «de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto y de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad», señala el juez.
Tras perder la Alcaldía
Fue el exalcalde «quien habría contactado» con Villén tras perder las elecciones municipales de 2003, «solicitándole colocación en la Faffe», a lo que éste último «accedió promoviendo en su favor un ‘novedoso’ cargo directivo –inexistente en realidad– que diera satisfacción a las condiciones laborales solicitadas» por el exregidor.
El exdirector de la fundación autonómica «vino a crear uno ‘ad hoc’ que denominó Dirección de Relaciones Externas », un departamento «inexistente», que carecía de estructura, funciones y contenido efectivo; sin sede física, ni oficinas, ni despachos, ni personal adscrito. «De hecho», relata el juez, el exalcalde socialista «ni tan siquiera acudía a la sede de la fundación, ni desempeñaba trabajo alguno (era desconocido por otros trabajadores y directivos), aunque se procuró tarjetas de visita o presentación», de forma que su «escasa actividad» la realizó «siempre» en su casa.
La Guardia Civil está investigando 85 contratados «por razones de clientelismo político o nepotismo» en la fundación, según una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios.
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