Coronavirus
El estado de alarma deja fuera de prisión a los dueños de Magrudis, foco del peor brote de listeriosis de España
La juez atiende la petición de la Fiscalía y considera que no hay riesgo de fuga tras la limitación de circulación por el coronavirus
El estado de alarma decretado en todo el territorio nacional para evitar la propagación del coronavirus ha tenido unos beneficiarios inesperados: el gerente de la sociedad sevillana Magrudis S.L., José Antonio Marín Ponce, y su hijo y testaferro, Sandro Marín. Los fabricantes de la carne mechada que causó el peor brote de listeriosis de España , han abandonado hoy la prisión de Sevilla I, donde estaban recluidos desde el 26 de septiembre pasado.
La juez de Instrucción número 10 de Sevilla acordó ayer, a petición de la Fiscalía, la puesta en libertad sin prestación de fianza de los dos investigados que se encontraban en prisión provisional, comunicada y sin fianza por el brote de listeriosis. El consumo de la carne que comercializaba bajo la marca de «La Mechá» provocó una intoxicación alimentaria de más de 200 afectados, cuatro muertes y 9 abortos.
Marín Ponce y su hijo cambiarán la celda de la cárcel por la reclusión en su casa. De hecho, el estado de alarma es uno de los motivos que esgrime la juez Pilar Ordóñez en su resolución para justificar esta medida provisional . Argumenta que el riesgo de fuga ha disminuido, «dadas las circunstancias que concurren» y también una vez decretado «el estado de alarma y limitada, por tanto, la libertad de circulación de las personas, que únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las actividades que indica» el artículo 7 del Real Decreto aprobado el domingo por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El Ejecutivo ha restringido los desplazamientos de los ciudadanos, que « únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros sanitarios; desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, y retorno al lugar de residencia habitual. Éste es el caso de Marín Ponce y su hijo Sandro Marín, administrador de Magrudis.
Retirada de pasaportes
Quedan eximidos de la obligación de presentarse en el juzgado hasta que se levante la situación de emergencia. Mediante un auto dictado ayer, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la instructora acuerda la puesta en libertad provisional de ambos investigados, para lo cual libra mandamiento al director de la cárcel de Sevilla-I, y les impone la prohibición de salida del territorio nacional, debiendo entregar sus pasaportes en la comisaría más cercana a sus domicilios . Una vez cese el estado de alarma recogido en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, deberán realizar comparecencia apud acta ante el Juzgado todos los lunes de cada mes.
La magistrada considera que las circunstancias que concurrían en el momento de dictar la medida cautelar de prisión provisional «han cambiado sustancialmente» a día de hoy, pues en primer lugar la instrucción «se encuentra, al menos en lo que son diligencias de investigación , prácticamente terminada, a la espera únicamente de informes periciales ampliatorios, informes médicos y ofrecimiento de acciones a los perjudicados».
«El riesgo de que puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes es prácticamente inexistente», expone la juez. Para justificar la excarcelación sin prestar fianza, esgrime que el juzgado «ha realizado previamente la oportuna investigación de bienes y carecen de medios para hacer frente a cualquier fianza que se le impusiera en estos momentos». Facua se ha mostrado en contra de su excarcelación.
Los dos encausados están siendo investigados por un delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario , cuatro homicidios por imprudencia y seis abortos por imprudencia, además de delitos de lesiones por imprudencia, cuyo número exacto aún está por determinar.
Alta contaminación
La carne mechada que la empresa Magrudis S.L. comercializaba bajo la marca «La Mechá» presentaba una concentración de listeria monocytogenes que excedía entre 3.700 y 149.900 veces el límite de contaminación máxima tolerable, según el informe de un perito veterinario entregado al juzgado. La concentración de la bacteria fue «suficiente» para «provocar daños en las personas» y efectos adversos en los fetos de las mujeres embarazadas que consumieron el embutido de la fábrica sevillana, señalaba el experto.
El perito concluyó sin género de dudas que los altos niveles de contaminación «son suficientes para provocar daños en las personas» tales como gastroenteritis aguda autolimitada, septicemia, meningitis o encefalitis u otros cuadros más graves que afecten al sistema nervioso central, así como efectos adversos fetales y neonatales .
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