Enfrentamiento sindical por la antigüedad de los funcionarios de la Junta

Los sindicatos están fijando posiciones ante el debate que este miércoles tendrá lugar en el Pleno del Parlamento sobre la proposición de Ley del Grupo Socialista para la modificación de la normativa sobre Función Pública. En esta sesión se va discutir si en los concurso de mérito o de traslado de los funcionarios de la Junta va a computar el tiempo trabajado como interino o incluso como laboral. Comisiones Obreras quiere que se abra la mano al máximo. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) advierte que si esta situación se da continuarán con «la guerra judicial».

El responsable del Area Pública de CCOO-A, Agustín de la Cruz, indicó ayer que «se ha consultado a los partidos políticos, y la mayoría esta con nuestra posición, al igual que el Defensor del Pueblo andaluz».

Así, CC.OO. considera que «se debe reconocer la antigüedad de todos aquellos que tengan servicios prestados a la Junta, esto es, que puedan participar en esos concursos todo el que haya prestado servicios». A su juicio, «hay que aplicar la normativa esta tal y la que aplican las comunidades autónomas, esto es, que pueda participar toda persona que tenga servicios prestados en la Administración de la Junta, todos ellos deben tener derecho».

Mientras, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) aseguró que seguirá la «guerra judicial» si prospera la tesis de los colectivos que defienden los intereses de los funcionarios que trabajaron previamente como interinos y laborales.

Fuentes del SAF indicaron a Europa Press que en esta propuesta «se han añadido varias enmiendas, por lo que estaremos expectantes, para evitar artimañas que hagan cómplice al Parlamento andaluz». Originariamente la antigüedad solo beneficiaría a los interinos. Enmiendas de Ciudadanos e IU han incorporado también a los laborales.

Recordó que la Junta «en un principio lo quiso hacer por decreto ley», que sin embargo fue rechazado por el Parlamento. Ahora es una proposición de ley impulsada por el Grupo Socialista, de manera que «las formas han cambiado pero el fondo es el mismo». A partir de ahí, el SAF teme que «la Junta atente contra la función pública, con la ayuda o beneplácito de algunos grupos».

Advirtió de que en ese caso «se atentaría contra la Constitución», de manera que dejó claro que «la guerra judicial no ha terminado, y aunque se apruebe en el Parlamento, estudiaremos todas las posibilidades que haya».