Caso ERE de Andalucía
La empresa Romero Álvarez defiende que ha justificado «hasta el último céntimo» de la ayuda del caso ERE
La sociedad investigada invirtió la subvención en la ampliación de un secadero con los 1,2 millones de euros recibidos
La empresa Romero Álvarez S.A. (RASA) ha lamentado «los perjuicios morales y empresariales» que les está causando la investigación abierta contra esta empresa y su dueño por el caso ERE. Mediante un auto del 11 de noviembre, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla revocó el sobreseimiento libre de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños , y le obligaba a imputar de nuevo al responsable de esta empresa, que recibió una ayuda de 1,2 millones de euros con cargo al fondo de los ERE, tras admitir un recurso de la Fiscalía Anticorrupción.
En un comunicado, la empresa Romero Álvarez S.A. asegura que «acataremos, como no podría ser de otra manera, lo que nos digan, pero tenemos nuestra conciencia muy tranquila porque hemos justificado hasta el último euro de la subvención para construir el secadero y hemos triplicado la plantilla , pues de los 50 trabajadores que teníamos en 2002 hemos pasado a tener en la actualidad, 17 años después, más de 150 empleados en nómina».
Los servicios jurídicos de la sociedad destacan que « en el fondo de esta causa sigue existiendo una inquietante realidad : es posible que meta en el mismo saco a empresarios que buscaron apoyo institucional a proyectos reales y que generaron empleo, con otros que se lucraron espuriamente con proyectos vacíos de contenido». Para los abogados de la empresa, esto supone «una tremenda injusticia que genera un irreparable daño a RASA y un sufrimiento físico y psíquico difícilmente imaginable a Guillermo Romero Álvarez», su gerente.
«Es deseable -añaden- que, igual que ha hecho recientemente el Sr. vicepresidente de la Junta [en alusión a Juan Marín ] al distinguir entre trabajadores que cobraron ayudas sociolaborales de buena fe, de aquellos otros que eran intrusos, también en las ayudas a empresas se distinga entre empresarios que de buena fe acudieron a ayudas publicas de la Junta con proyectos reales, viables y que generaban empleo, de aquellos que solo querían lucrarse a costa del dinero de todos los andaluces».
Desde la empresa sostienen que son una de las compañías que más empleo generan en la comarca de la Sierra Norte, una de las más deprimidas de la provincia de Sevilla. El gerente de la empresa, Guillermo Romero , que cuando se aprobaron las ayudas por parte de la Junta de Andalucía era uno de los apoderados, al igual que su madre y hermanos, subrayó que «somos una empresa con más de cuatro décadas de existencia y una trayectoria intachable, y todas las informaciones que se están publicando [basadas en las actuaciones judiciales] nos están causando graves daños morales a nivel personal y están deteriorando el prestigio de nuestra marca, que durante tantos años hemos ido consiguiendo en base al esfuerzo y el tesón de cientos de familias».
Romero Álvarez S.A. insiste, como ha publicado ABC, en que ha cumplido «con creces» todos los requisitos que se le exigieron cuando en 2002 les fue aprobada una subvención de 1,2 millones de euros para construir un secadero de jamones y embutidos en Alanís de la Sierra.
La ayuda fue firmada por Manuel Romero Álvarez, ya fallecido , a través de un protocolo de colaboración, que es la forma jurídica que marcó la Junta de Andalucía en aquel entonces. Se les exigía, a cambio, que contrataran a 5 trabajadores durante un mínimo de 5 años. La empresa señala que « la fábrica no ha cerrado ni un solo día y los puestos de trabajo han llegado a superar la treintena. A ello se suma que la inversión de la administración autonómica no superó el 15 % de la final, pues el coste del secadero superó los 8 millones de euros. Hemos cumplido rigurosamente todo lo que nos ordenó la administración y nos hemos dedicado a trabajar y a generar empleo y riqueza en la Sierra, que era el objetivo que siempre nos ha guiado».
Romero Álvarez S.A. también subraya que está justificado «hasta el último céntimo del dinero recibido», y que volvieron a tener que aportar toda la documentación que así lo justificaba ante el contencioso administrativo y en el procedimiento penal al haber perdido el expediente la Junta de Andalucía . «El hecho de que en las auditorías posteriores a 2002 o en las inspecciones de la Agencia Tributaria entre 2004 y 2007 siempre figuraran los 1,2 millones de euros de la subvención recibida demuestran que la empresa actuó correctamente y que en ningún momento se ha ocultado el dinero recibido», sostienen.
Los servicios jurídicos de Romero Álvarez han explicado que la reciente resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla no ha entrado en el fondo del asunto ni tampoco valora la documentación que obra en actuaciones, tratándose de una resolución interlocutoria que devuelve la investigación al punto previo al dictado del Auto de Archivo.
Desde la empresa defienden la «inocencia» de Romero Álvarez siguen intactas. «Como podrá hacerse valer en el futuro, ni RASA ni Guillermo Romero Álvarez tuvieron conocimiento de irregularidad alguna en la concesión de la ayuda hecha por quien debía ser autoridad publica seria y cabal. Hoy es fácil hacer juicios de valor, pero en 2001 no existía indicio alguno del que derivar la existencia de sospecha alguna. Un claro sesgo retrospectivo que se aprecia en la resolución dictada por la Audiencia», explican los abogados.
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