La Junta de Andalucía escatima sus ayudas a las familias sin ingresos

La política social, una de las joyas de la corona —junto a la sanidad y la educación— de la gestión de la Junta de Andalucía pierde quilates. Lo demuestra el espectacular descenso en la concesión de ayudas enmarcadas en el ingreso mínimo de solidaridad, un recurso para familias sin prácticamente ingresos, que han decrecido en sólo un año en la cantidad de 16.676. En 2015 se aprobaron 51.656 y en 2016 sólo 34.980.

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales explica que la reducción se debe a que en 2015 realizó un plan de choque para intentar reducir el elevado número de solicitudes (48.230) pendientes del ejercicio de 2014. En este sentido, el grupo parlamentario del PP de Andalucía apostilla que hay casi 95.000 solicitudes pendientes de resolver, al tiempo que denuncia el perjuicio que esta situación genera en personas con un crítica situación social.

El ingreso mínimo de solidaridad es la opción final para llevar dinero público a casa que tiene quien ha agotado las prestaciones por desempleo. Para obtenerlo hay que cumplir una serie de requisitos que acreditan al beneficiario como pobre de solemnidad. Entre ellos, que sus ingresos estén por debajo del salario mínimo interprofesional. La concesión de esta ayuda implica el ingreso de 406,22 euros mensuales durante un semestre si la familia es unipersonal. La cifra se incrementa en función del número de miembros, aunque no de manera sustancial. De hecho, el tope está fijado en 655,20 euros para familias compuestas por 6 o más personas. Tocan a 100 euros por cabeza y mes.

El Programa de Solidaridad de los Andaluces de la Junta, que surgió como herramienta para combatir la marginación y la exclusión en la región, es el marco del ingreso mínimo de solidaridad, que es la medida más usada en la actualidad. Consiste en una ayuda económica por un importe que alcanza el 62% del salario mínimo interprofesional y que se incrementa un 8% por cada miembro de la unidad familiar beneficiaria. El propósito es bueno, pero no todos los que optan reciben esta pedrea. En la práctica, una de cada 4 solicitudes es denegada. No siempre ha sido así: mientras en 2015 se concedió el 70,45% de las ayudas solicitadas, en 2016 el porcentaje se redujo al 61,49%. De las 55.884 solicitudes resueltas el año pasado, 7.885 fueron denegadas y 14.019, archivadas. El crédito ejecutado para los expedientes resueltos favorablemente ascendió a 58 millones de euros frente a los casi 79 millones de euros presupuestados para los expedientes de 2015. En este sentido, la parlamentaria andaluza del PP Ana Vanessa García denuncia no sólo que las ayudas han decrecido, sino que el presupuesto está congelado. Con todo, lo más grave, a su juicio, es el número de solicitudes que no se han resuelto. Aporta datos oficiales: 24.589 en 2015 y 70.411 en 2016.

La parlamentaria del grupo popular denuncia también la tardanza en cobrar la ayuda y la inflexibilidad del sistema, ya que la Junta exige los beneficiarios que no dispongan de otra fuente de ingresos durante los 6 meses de la prestación. De modo que si trabajan durante 15 días en un plan de empleo municipal, que no pueden rechazar, dejan de percibir la prestación, según expone García, quien reprocha asimismo a la administración autonómica que la medida sea un subsidio más en lugar de una herramienta para que los beneficiarios retornen al mercado laboral.

La Junta de Andalucía, con todo, saca pecho. La Consejería de Igualdad y Bienestar Social resalta que ha destinado a la provincia de Jaén más de 8,57 millones de euros en el marco del Programa de Solidaridad para la erradicación de la marginación y la desigualdad, lo que ha permitido que un total de 7.964 jiennenses (unas 3.700 familias) hayan podido percibir el ingreso mínimo de solidaridad durante el año 2016.

La delegada territorial, Teresa Vega, asegura que la Delegación resolvió en el ejercicio pasado cerca de 6.400 expedientes dentro de este programa que tiene como objetivo