Las doce causas de los arquitectos contra la Universidad de Sevilla pese al archivo del caso Arellano

Desde el inicio de la causa contra el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano , que ayer fue archivada provisionalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , tanto la Junta de Andalucía como la Universidad de Sevilla han querido reducirla a un contencioso del Colegio de Arquitectos de Sevilla contra el propio consejero. «Una pelea de arquitectos», dijo la presidenta Susana Díaz para minimizar el impacto de una denuncia impulsada por la Fiscalía Superior por presunta prevariacación y falsedad documental del consejero en sus tiempos de vicerrector de Infraestructuras de la Hispalense, cuando adjudicó el proyecto arquitectónico del edificio «Centrius» de la Universidad de Sevilla .

No obstante, la denuncia al consejero partió de la Fiscalía, a la que el Colegio profesional puso en antecedentes de un procedimiento que durante años llevaba abierto por la vía contensioso administrativo. La Universidad de Sevilla, al conocer ayer el archivo de la causa contra el consejero tachó de «interesada» la versión «que vertió en su denuncia el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) ». Sin aclarar que posteriormente la Fiscalía investigó los hechos y consideró que existían indicios para imputar al consejero, la Universidad de Sevilla carga contra el COAS del que dice «ha pretendido causar un grave daño a la honorabilidad de las personas que trabajan en la institución y a la institución misma». Por eso ayer amenazó con iniciar una acción judicial contra el Colegio de Arquitectos ante «la temeridad» de su denuncia y para reclamar «resarcimiento de los daños y perjuicios causados».

Pero las diferencias del Colegio con la Universidad no parece que tengan sustento precisamente en una animadversión personal de los arquitectos sevillanos con el consejero si nos atenemos al historial de litigios abiertos en los últimos años por el colectivo profesional contra la Universidad de Sevilla, en general por presuntas irregularidades en las normas de contratación. Desde el año 2005 se contabilizan hasta una docena de recursos de la entidad colegial contra concursos públicos convocados por la Hispalense. Algunos no llegaron a los juzgados tras una negociación de las partes, como pasó con el referido al concurso abierto para la enajenación de la Facultad de Ciencias de la Educación o el de la ampliación de la Facultad de Odontología . En otros casos, como el del concurso de ideas de la de la Escuela Politécnica Superior o el de diseño de la nueva Facultad de Farmacia la Universidad ganó en los tribunales, como lo hizo también en los recursos sobre concurso público de méritos para la contratación de profesores colaboradores, entre otros conteciosos. Los tribunales obligaron a cambiar otras decisiones de la Universidad, como el concurso para la selección de propuesta técnica para el diseño, reforma y ampliación del conjunto edificatorio de la escuelas técnicas superiores de Arquitectura e Ingeniería .

Pero sin duda el contencioso que más tiempo llevaba abierto en los juzgado era el referido a la contratación del proyecto del edificio «Centrius» que se inició en 2009 y por el que ha sido investigado el ahora consejero en el último año. La clave de este caso está en una sentencia del TSJA de 2013 que obligaba a la Universidad a la aportación de determinada documentación. Desde entonces el Colegio había solicitado en varias ocasiones el cumplimiento de la sentencia ante las dilaciones de la Universidad. Hace un año, el COAS solicitaba al juzgado que acordara la inmediata ejecución de los requerimientos acordados en su día. Fue entonces cuando la Fiscalía Superior acuerda incoar las diligencias de investigación penal que culminaron con la denuncia al TSJA contra el ahora consejero, proceso que el magistrado Juan Ruiz-Rico ha archivado ahora de forma provisional a expensas de que la Fiscalía pueda recurrir o de lo contrario archivar definitivamente.