El director general de Formación dice que, desde 2007, sólo se han perdido 58.473 euros públicos

El director general de Formación Profesional para el Empleo, Manuel Jesús García , ha cifrado en 58.473,56 euros la cantidad de fondos públicos perdidos en el presunto fraude de la Formación, lo que supone el 0,002 por ciento de los 2.900 millones de subvenciones concedidas para la organización de estos cursos. Así lo ha asegurado en su comparecencia durante la mañana de este viernes ante la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía que investiga el fraude de los cursos.

Aunque en un principio se comunicó al juzgado que eran cinco expedientes por 442.353 euros, García ha explicado en la comisión de investigación que la Junta amplió ayer el informe enviado a la juez para detallar que son sólo tres los que pueden estar prescritos, dos de 2002 y uno de 2003 , por valor de 58.473 euros en conjunto.

Manuel García Martín ha asegurado que estos datos demuestran que ha habido una práctica « diligente, rigurosa y con un alto nivel de eficiencia » en el control de los fondos y en la «garantía del buen fin o no», ya que en caso de que no haya sido así se han establecido las resoluciones de reintegro correspondientes.

Asimismo, García ha explicado que hay 2.462 expedientes, por valor de 539 millones , que se están terminado de liquidar porque estaban inconclusos, y ha detallado que se están revisando por orden de antigüedad porque «la prioridad es evitar que se produzca la prescripción de los derechos de la Administración a reclamar la devolución de cantidades».

García ha subrayado que esos 2.462 expedientes con libramientos de justificar son «susceptibles» de prescripción si no se terminara la gestión administrativa, pero ha insistido en que « no están en riesgo » porque esas tareas sí se están llevando a cabo.

Ha indicado que hasta que no concluya el examen de la documentación no puede determinar si cabe o no reintegro y ha cifrado en más de dos tercios los expedientes analizados de 2007 a 2012, mientras que los anteriores «fueron fiscalizados en su momento » en la fase de concesión y de pago.

Los datos ofrecidos por el director de Formación han llevado a la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero a acusarle de «mentir», por ofrecer unos datos al Parlamento y otros al juzgado.