Administración paralela
Los directivos de la Junta de Andalucía deberán concursar para ocupar su puesto
Juan Marín se enzarza con el socialista Carmelo Gómez sobre enchufismo
El Gobierno andaluz está inmerso en la revolución de la llamada administración paralela de la Junta, en poner en marcha el cambio sustancial que prometieron tanto el PP como Ciudadanos durante la campaña electoral de las andaluzas. O eso, al menos, es lo que ha dicho el vicepresidente de la Junta, Juan Marín , en una comparecencia en el Parlamento requerida por el grupo socialista.
Juan Marín ha explicado que la administración paralela está compuesta por 30.000 empleados que cuestan a las arcas públicas unos 1.200 millones de euros anuales . De los 278 entes que dependen de la Junta, 95 son del sector público y 183 están participados por la administración, y la previsión es extinguir en este año a 109 que no tienen actividad o nunca la han tenido ya que el convencimiento del Ejecutivo regional es reducirla sustancialmente y dejar sólo aquellas empresas o entidades que tengan utilidad pública real.
El estudio que ya se ha realizado y que se completará con las auditorías que se han encargado a empresas privadas, ha desvelado algunas prácticas de estos entes. Así, Marín ha denunciado que había plantillas estancas y un galimatías en la gestión: 31 sistemas diferentes, 38 sistemas económicos-financieros diferentes, plantillas con problemas de dimensionamiento, retribuciones dispares a igual categoría entre distintas entidades e incluso en la misma entidad.
En este sentido, el vicepresidente ha detallado que un mismo puesto se remuneraba de muy diferentes maneras. Así, el asesor jurídico de la Agencia de Agricultura tenía una retribución de 34.000 euros anuales; el asesor jurídico de la RTVA cobraba 68.000 euros anuales, mientras que la nómina del asesor jurídico de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales era de 40.000 euros . Además, se han encontrado hasta 37 expedientes de conflictos laborales planteados en el Sercla en 2018, hasta 4.000 personas en situación de temporalidad, algunas superando los plazos que permite la ley, régimen de incompatibilidades diferentes para el personal que presta su servicio en estas entidades con respecto al que lo hace al amparo de otras fórmulas de agencias, pagos de seguros de vida o salud reconocidos en convenio, un agravio comparativo respecto a los funcionarios.
Cambios en la manera de gestionar
El vicepresidente explicó que va a cambiar la manera de gestionar el empleo en estos entes públicos empezando por los directivos que tendrán que presentarse a concursos públicos para poder ocupar sus puestos. «Se trata de dignificar el trabajo de estos empleados públicos», ha dicho Marín quien ha anunciado que en pocos días se modificará el sistema de acceso del personal , una «aventura imposible» durante los gobiernos del PSOE, para que se pueda hacer por internet y en un solo portal público.
«El objetivo es muy ambicioso pero estamos dispuestos a trabajar duro para recuperar la eficacia y la eficiencia en la administración y la confianza de los andaluces», añadió Marín, que también anunció un estudio «exhaustivo» sobre las plantillas de personal para obtener un inventario de puestos de trabajo global, elaborando una clasificación de perfiles y áreas de actividad.
El parlamentario socialista Carmelo Gómez no compartió el análisis de Juan Marín y argumentó que el objetivo del Gobierno es despedir a más de 9.000 trabajadores en unas entidades que no son ni «chiringuitos ni grasa» sino empresas que hacen un trabajo fundamental en los servicios públicos andaluces. «Son expertos en investigación médica, profesionales de emergencias sanitarias, que atienden a los colectivos más vulnerables, los trabajadores de Canal Sur Radio, de la agencia de medio ambiente y agua, del Infoca o de las instituciones culturales».
Así, Gómez avisó de que la estrategia del Gobierno andaluz es, «primero cuestionar la eficacia de los servicios públicos, luego denigrar la labor de los profesionales, hablar de reordenación para acometer despidos y, finalmente, privatizarlos, que es verdaderamente su objetivo».
El vicepresidente andaluz y Carmelo Gómez también se enzarzaron en una agria discusión sobre el enchufismo en la Junta. El socialista afeó a Marín la contratación de la hermana del presidente andaluz como directora de un conservatorio de danza en Málaga , o el contrato de la pareja de Loles López en la Agencia Avra o del marido de una senadora autonómica de Ciudadanos como director de Inturjoven. «Se han contratado siguiendo las normas que ustedes aprobaron», dijo Marín en su defensa.
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