Diputación Permanente
El Parlamento andaluz da luz verde al decreto que reduce la maraña burocrática de la Junta de Andalucía
Adelante Andalucía y el PSOE anuncia que recurrirán la norma ante el Tribunal Constitucional porque consideran irregular su tramitación
La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha validado este jueves el decreto que reduce la maraña burocrática de la Junta de Andalucía que el PSOE había tejido tras casi 37 años de Gobierno. La norma que modifica y simplifica 21 leyes y 6 decretos en un total de cien trámites administrativos fue aprobada con diez votos a favor de los representantes del PP, Cs y Vox, y recibió los ocho votos en contra de los grupos de izquierdas.
Tanto Adelante Andalucía como el PSOE anunciaron que presentarán sendos recursos ante el Tribunal Constitucional porque consideran que es irregular la fórmula elegida para aprobarlo mediante la convocatoria de la Diputación Permante, el órgano de gobierno de la Cámara durante los periodos inhábiles y después de su disolución.
Fue un debate atípico, que se celebró en el salón de plenos con la mayoría de asientos vacíos para garantizar la seguridad y distancia, en el que los escasos diputados que forman parte de este órgano comparecieron protegidos con guantes y algunos de ellos con mascarillas , como recomiendan las autoridades para evitar el contagio del coronavirus.
El decreto ley persigue liberar la mayor parte de los sectores productivos eliminando normas, reduciendo trámites y ahorrando costes en tiempo y dinero a empresas y particulares, según explicó el Gobierno andaluz. El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco , ha defendido que ante el «escenario de gran incertidumbre» que se vislumbra actualmente, se requieren «más que nunca decisiones urgentes, medidas extraordinarias y de calado».
Velasco ha explicado que el decreto, que « agiliza 21 leyes y seis decretos » y «afecta a un centenar de medidas», ha tenido como punto de partida el trabajo del grupo de expertos, integrado por altos directivos de la Administración, especialistas procedentes del mundo universitario y de la empresa y por funcionarios cualificados, designados por la Junta para evaluar la normativa reguladora.
«En todo momento actuamos con responsabilidad, eficiencia, lealtad y altura de miras », advirtió. Ha tendido la mano a los grupos políticos para aprobar la norma, ante «la necesidad de contar con una mejor regulación económica» como la que, en su opinión, trae aparejada este decreto, que busca hacer frente a «la maraña burocrática y el exceso de legislación» que suponen «una pesada carga para el crecimiento económico de una región».
Poco después, el consejero Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo , insistió en el mismo mensaje y esgrimió que «ahora más que nunca es importante agilizar los trámites» porque tras la crisis sanitaria vendrá «otro virus económico» y «debe ser nuestra prioridad salvar a empresas».
Los cambios afectan a varios sectores como el comercio, el turismo (sobre todo los alojamientos turísticos), la comunicación audiovisual, las normas urbanísticas y de construcción de viviendas, así como la economía circular. Con la normativa vigente actualmente, una empresa andaluza tarda 162 días en obtener la licencia de obras e instalación mientras que en La Rioja, que es la región española donde menos tiempo se emplea, la duración es de 101 días. Las pymes industriales tardan ahora 168 días en comenzar su actividad en Andalucía, lo que supone casi el triple del tiempo empleado en Castilla y León, la comunidad donde la tramitación es más ágil con 62 días de media. Los cambios de normativa buscan atraer la inversión privada por todos los medios posibles y facilitar la instalación de nuevas empresas en Andalucía.
Desde Adelante Andalucía y el Grupo Socialista no sólo votaron en contra de esta norma sino que anunciaron la llevarán ante el Tribunal Constitucional. La Diputación Permanente rechazó su tramitación como proyecto de ley , como pidieron ambos grupos políticos.
El PSOE habla de «atropello»
El portavoz adjunto socialista Manuel Jiménez Barrios ha reprochado al Gobierno que, «con la gente confinada en sus casas» en una situación de emergencia nacional, traigan a la Cámara «un decreto que no tiene nada que ver con la situación actual, o la roza», y que es «una norma plagada de trampas». « No hay precedentes de un atropello de estas características » y el decreto mete a Andalucía «en una grave inseguridad jurídica», además de que «viola el principio constitucional de seguridad jurídica» y no se ajusta al requisito de «urgente necesidad» que justifica la elaboración de un decreto. «Junto con todas las organizaciones que han solicitado la retirada de este decreto, acudirá al TC para ver que esta norma vuelva a la Cámara», avanzó.
La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera , también consideró el decreto como «rechazable en las formas y en el contenido» y no tiene el consenso social. Ha defendido que el decreto se tramitara como proyecto de ley para posibilitar «que comparezcan los agentes económicos y sociales». A su juicio viene a « desmantelar lo público y hacer de Andalucía una barra libre de especuladores».
La presidenta del Grupo Popular , Loles López , explicó de que este decreto «no será perfecto pero facilita mucho» el crecimiento de la economía y la generación de empleo una vez pase la crisis sanitaria del coronavirus. «Se trata de eliminar burocracia y facilitar el camino a autónomos y pymes», subrayó. « Necesitamos una vacuna en el ámbito sanitario, pero también en el ámbito económico , y para esto hay que dar herramientas a los que sostienen la economía de Andalucía», dijo.
Llegado su turno, la diputada de Ciudadanosx Mónica Moreno indicó, en el mismo sentido, que el decreto «no es una solución definitiva, pero sí hace frente a la maraña burocrática», pero da «un paso más para transformar la comunidad en un lugar idóneo para la inversión» al eliminar «el exceso» de normas y facilitar así la generación de nuevos empleos y reducir el coste a aquellos que quieren incorporar nuevos trabajadores.
En representación de Vox, su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández , aplaudió las «buenas intenciones» del Ejecutivo andaluz y ha valorado positivamente este decreto «en su conjunto» y «todo lo que sea simplificación administrativa, agilizar trámites y procedimientos».
Desde Vox consideran que hay margen de mejora e indicaron que habrían preferido conocer, antes de este decreto, el resultado de las auditorías puestas en marcha por la Administración autonómica para su sector instrumental y, así, las « deficiencias y posibles mejoras » a aplicar en ese «entramado» de la denominada Administración paralela.
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