Nueva trama de corrupción en Andalucía
La Diputación de Huelva dio ayudas falsas del PER a pueblos del PSOE en época electoral
Un juez investiga el destino del dinero de las subvenciones para el empleo agrario consignadas para obras municipales que nunca se hicieron
Las ayudas del Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de la Diputación de Huelva, conocidas vulgarmente por su anterior denominación (PER), fueron a parar a ayuntamientos gobernados por el PSOE para obras que luego no se hicieron y, además, la mayor parte de las subvenciones se otorgaron en fechas preelectorales. Esta es la nueva trama que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Valverde del Camino , que ha imputado ya a varios altos cargos políticos de la Diputación, a funcionarios y a los presuntos receptores de las ayudas, ya que en las primeras diligencias llevadas a cabo por la Guardia Civil se han detectado posibles facturas falsas y justificaciones fabricadas que habrían pasado el corte gracias a que la propia Diputación creó una plantilla formada por afines para fiscalizar estas subvenciones, entre ellos el hijo del director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo Sánchez.
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La investigación comenzó a raíz de la denuncia formulada por uno de los técnicos que tramitaba las ayudas, quien sostenía en sus escritos que se estaban produciendo «graves irregularidades en la gestión del Programa para el Fomento de Empleo Agrario en la provincia de Huelva por parte de políticos y técnicos de las tres administraciones intervinientes en el otorgamiento, control, seguimiento y pago de las subvenciones adscritas a este programa». El denunciante señala que estas instituciones son la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Huelva (SPEE), el Servicio de Administración Local de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva y la propia Diputación onubense, cuyo presidente y secretario general del PSOE en la provincia, Ignacio Caraballo , ya está imputado por el caso de la supuesta compra de un concejal de Podemos en Aljaraque para evitar una moción de censura contra su partido en este municipio.
Más de 70 municipios
Según fuentes personadas en el caso a las que ABC ha consultado, esta trama distribuyó ayudas supuestamente destinadas para el empleo agrario en más de 70 localidades , casi todas gobernadas por el PSOE, en comarcas en las que el paro hace estragos desde hace años. Entre los municipios investigados están Galaroza, Cumbres Mayores, Cañaveral de León, Arroyomolinos de León, Alosno, Beas, Calañas, Campofrío, Cartaya o Nerva . El denunciante, que era una persona integrada en el propio sistema de concesión de las subvenciones, entregó a los agentes una copiosa documentación en la que alertaba de que se promovió «un plan para que los técnicos contratados por la Diputación para el programa de Empleo Agrario realicen trabajos técnicos para el Servicio Provincial de Empleo Estatal en sus dependencias, cuyos informes técnicos son imprescindibles para determinar autorizaciones».
Uno de esos técnicos que autorizaban los proyectos era, según las investigaciones de la Guardia Civil, que ya ha hecho varios registros en la Diputación, el hijo del propio director provincial , quien «gestionó su alta como demandante de empleo en una oficina que no le correspondía, de modo que la entidad contratante, la Diputación de Huelva, tuviera la máxima facilidad para elegirlo como candidato». Los investigadores subrayan que no fue el único caso y que el grupo de personas contratadas para llevar a cabo esta labor estaba compuesto por varios afines, algo que también recalca la denuncia, que desvela «la contratación irregular que la Diputación de Huelva viene haciendo sistemáticamente a las mismas personas durante 13 años consecutivamente en labores de gestión del PFEA sin que el proyecto presentado para ello reúna los requisitos exigidos y pudiendo ser realizados por empleados de la propia Diputación de Huelva».
Mecánica de los contratos
El modo de contratación, además, era muy llamativo, ya que se trataba de programas coyunturales a los que había que presentarse en cada convocatoria. «Realmente estamos ante una plantilla estable de diez personas que comienzan sistemáticamente sus contratos a partir del día 1 de septiembre y finalizan rigurosamente el 30 de junio del siguiente año para pasar a continuación a engrosar las listas de desempleados del Servicio Andaluz de Empleo hasta septiembre, donde vuelven a ser contratados por la Diputación de Huelva», recoge el sumario. De esta manera, se permitió «la aprobación de proyectos inviables y de proyectos informados desfavorablemente».
El denunciante es muy explícito en este punto: «Se pretendía contentar a los ayuntamientos facilitándoles gastar el dinero en lo que prioricen en lugar de velar por la legalidad de los procedimientos y la consecución de los fines comprometidos en los proyectos aprobados. Y para ello debían contar con un aparato muy comprensivo y tolerante, sensible a los graves momentos coyunturales que pasan las corporaciones locales, con el objeto de que pudieran atender otras necesidades». Es decir, la Diputación daba la ayuda para un proyecto determinado, el Ayuntamiento se gastaba el dinero en otras cuestiones que le interesaban más a los alcaldes —pudieron incluso pagarse nóminas con ese dinero— y lo justificaba con documentos a los que los técnicos afines contratados por la propia Diputación daban el visto bueno.
Varios imputados
Las subvenciones a más de setenta municipios suman una cantidad millonaria durante diez años y entre los proyectos revisados hasta ahora se han detectado ayudas justificadas con posibles facturas irregulares que sumarían 573.000 euros . Entre los imputados de este caso están, por ahora, el director provincial de Empleo Estatal en Huelva; el diputado de Personal de la Diputación de Huelva, José Martín; el director de área de Infraestructura de la Diputación, Julio Sánchez; la jefa de Recursos Humanos, Silvia Pérez; y una técnico de selección de personal, además de 14 trabajadores contratados de forma supuestamente irregular, entre ellos, curiosamente, el propio denunciante, y alcaldes como el de Tharsis.
A los implicados se les imputan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude en la contratación y exacciones ilegales . En el sumario se indica que todas estas subvenciones fueron firmadas por el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, y que la persona que se encargó de contratar al grupo de técnicos que validaba las justificaciones fue el diputado José Martín. Además del hijo del director provincial de Empleo Estatal, entre estos afines estaban el cuñado del jefe de Obras de la Diputación y varios militantes que llevaban años encadenando contratos en esta institución.
