CORRUPCION

Diecinueve ayuntamientos andaluces contrataron a empresas de la trama «Térmyca»

Colaboración Tributaria Andaluza SL, una de las sociedades investigadas, tiene su sede en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra

El alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, ayer en rueda de prensa ABC

A. R. VEGA

Las ramificaciones de la operación Térmyca contra el desvío de dinero público se extienden por toda la geografía municipal andaluza. Hasta diecinueve consistorios de siete provincias andaluzas (a excepción de Jaén) han contratado la gestión de cobros de tributos municipales, trabajos de inspección y servicios complementarios con las empresas Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A. (CGI) y Colaboración Tributaria Andaluza S.L. (CTA), que están bajo la lupa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, dentro de la operación contra la supuesta trama de desvío de fondos públicos a sociedades que ha estado tutelada por el juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).

El juzgado ha realizado 15 requerimientos de documentación entre los 23 ayuntamientos investigados de todos los signos políticos, aunque la consultora bajo sospecha se vincula políticamente a Convergència i Unió. En Andalucía, las pesquisas se han centrado en las corporaciones de Palos de la Frontera, en Huelva, y Armilla , en Granada. Anticorrupción sostiene que los investigados montaron «una estructura paralela en los ayuntamientos para evitar en su actuación la labor supervisora del secretario e interventor municipales» y realizar contratos a dedo saltándose todos los controles administrativos.

Según difunde la propia CGI en su página web, Andalucía es, después de Cataluña, la comunidad donde el grupo que dirige Ramón Solé , uno de los doce arrestados en la operación desarrollada el pasado martes, ha contado con más clientes. Ha colaborado en la recaudación y gestión de ingresos de 17 entidades locales más andaluzas, como Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra , en Sevilla.

En Alcalá de Guadaíara el contrato con CGI estuvo envuelto en irregularidades. Una de las últimas medidas que llevó a cabo Antonio Gutiérrez Limones (PSOE) antes de dejar la Alcaldía el pasado mayo fue ceder desde el 1 de enero de 2016 la recaudación ejecutiva y voluntaria de los impuestos municipales al Opaef, el Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal . Hasta finales de 2013, ese trabajo recaía en la sociedad Coordinadora de Gestión de Ingresos, adjudicataria en 2008 de un contrato promovido por el Ayuntamiento para la «prestación de servicios complementarios al funcionamiento de los órganos municipales d e gestión, inspección y recaudación » de impuestos. El contrato se resolvió cuando el juzgado de lo Social número tres de Sevilla condenó al Ayuntamiento por la «cesión ilegal» de trabajadores de dicha empresa «a favor» de la administración local.

Andalucía es, tras Cataluña, la comunidad donde más implantación ha tenido el grupo de CGI

Precisamente en la calle Rafael Santos de Alcalá de Guadaíra tiene su sede una de las filiales del grupo, Colaboración Tributaria Andaluza S.L. La sociedad, en la que el catalán Ramón Solé figura como administrador único, tiene 17 empleados y facturó ventas por importe de 687.806 euros en 2014, según los datos declarados en el Registro Mercantil.

Otros ayuntamientos han recurrido a empresas del grupo CGI para delegar tareas de recaudación, nunca de consultoría, si bien algunos de estos contratos ya no están vigentes y no han sido objeto de requerimiento judicial. En la provincia de Córdoba, el grupo ha colaborado con los ayuntamientos de Montilla, Priego de Córdoba o Lucena; Níjar y El Ejido, en Almería ; Motril y Armilla, en Granada, y la localidad malagueña de Fuengirola. En la provincia onubense han contratado sus servicios ocho municipios.

El ayuntamiento de Lepe confió en CGI su plan de inspección tributaria en 2012. En Palos de la Frontera , su alcalde, Carmelo Romero (PP), explicó ayer en una rueda de prensa que el requerimiento judicial se circunscribe únicamente a pedir información sobre CTA, que ha sido remitida al juzgado. Recordó que en 2013, CGI se hizo con un contrato menor por valor de 18.000 euros y, posteriormente, accedió a otro durante cuatro años que está en vigor desde 2015 . Romero defendió que la empresa, que se dedica a la inspección de tributos de las empresas asentadas en el Polo Químico, en el término municipal de la localidad, «ha realizado un buen trabajo llegando a recaudar hasta 22 millones de euros para las arcas».

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