SINDICATOS
La deuda de 7,4 millones de UGT y CCOO con la Junta de Andalucía sigue viva en la vía penal
El Ministerio Público tiene avanzada la investigación a los sindicatos por quedarse con dinero de las residencias de tiempo libre de la Administración
La Fiscalía de Sevilla mantiene viva la vía penal para reclamar a las federaciones regionales de Comisiones Obreras y UGT los 7,4 millones de euros que debe a la Junta de Andalucía, correspondientes a los precios públicos que ambos sindicatos cobraron a trabajadores por veranear en las residencias de tiempo libre de la comunidad autónoma entre 2003 y 2006. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo presentó el pasado mes de julio una denuncia ante el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, después de que el Gabinete Jurídico alertara de la obligación legal de ejercer acciones penales al apreciar «posibles indicios de un delito de grave de malversación».
Las diligencias de investigación abiertas el pasado verano siguen adelante y descartan que los supuestos hechos delictivos hayan prescrito, según confirmaron a ABC fuentes judiciales. La posibilidad de archivo se aleja a la vista de las pruebas documentales recabadas y de las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, que pueden desembocar en los próximos días en nuevas diligencias o incluso en la presentación de una denuncia contra las centrales sindicales por quedarse con dinero público que, a juicio de la Administración, estaban obligados a reintegrar a sus arcas.
La Junta les cedió durante años la explotación de las plazas de estos complejos vacacionales pensados para que trabajadores y sus familias veranearan con precios económicos. Las centrales recaudaban los precios públicos . Se quedaban con el 20% por los «gastos originados por la gestión» e ingresaban el 80% de lo cobrado a la Hacienda Pública. Pero incumplieron este compromiso entre los años 2003 y 2006.
El Gobierno de Susana Díaz acudió a la vía contencioso-administrativa para exigir el cobro , pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio por prescrita esta vía en el año 2017.La Junta podía haber denunciado a los sindicatos ante elTribunal de Cuentas por el menoscabo causado a las arcas. Pero los sucesivos consejeros de Empleo del Ejecutivo socialista, J osé Sánchez Maldonado y el hoy diputado autonómico Javier Carnero , rehusaron ejercer acciones tanto en la vía penal como en la contable. Como consecuencia, el derecho a reclamar el dinero por presunta responsabilidad contable también acabó prescribiendo .
El Gobierno de Susana Díaz desoyó los informes jurídicos que aconsejaban ir a la vía penal o contable para recuperar el dinero público
Enterradas las vías civil y contable para que los sindicatos devolvieran los 7,4 millones ( 4,02 millones en el caso de CCOO y 3,37 en el caso de UGT ), sólo cabía un camino: la vía penal para recuperar los fondos mediante la interposición de una denuncia por supuesta malversación o apropiación del dinero. Fue lo que hizo el actual Gobierno andaluz el pasado verano ante la Fiscalía, después de que la Asesoría Jurídica de la Consejería se lo recomendara con el objetivo de que las cantidades que «han retenido sin causa» retornen a las arcas públicas.
Reacciones
La consejera de Empleo, Rocío Blanco (Ciudadanos), defendió que ha cumplido con «su deber como administración pública» al denunciar los hechos ante la Fiscalía. Cuando se inició la investigación, la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castill a, expresó su «respeto» y disposición a «colaborar» con la Fiscalía para aclarar este asunto.
La secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López , explicó que su sindicato participó «en lo que era la gestión y la distribución de las plazas» de esas residencias, «porque así se decía en el decreto» de transferencia de gestión a la Junta. «Hemos hecho las cosas correctamente, era un patrimonio sindical que gestionábamos siempre de la mejor manera posible, y CCOO ha ido a los tribunales porque pensábamos que la liquidación era favorable al sindicato», defendió.
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