Desestimada la demanda del Grupo Joly a ABC por desvelar su implicación en los ERE

La Audiencia Provincial de Cádiz ha desestimado íntegramente la demanda que interpuso Grupo Joly, editor de cabeceras como Diario de Sevilla y Diario de Cádiz, contra ABC por las informaciones que este periódico publicó en julio de 2018 sobre su implicación en el «caso ERE» de la Junta de Andalucía. Joly acudió a los tribunales para reclamar un derecho de rectificación que la Sección Segunda de la Audiencia gaditana le deniega por múltiples defectos de forma, como que primero presentó la demanda en Madrid y luego en Cádiz fuera de plazo, revocando así una sentencia de la juez de primera instancia número 4 de Cádiz, Graciela González, en la que accedía a publicar su versión sobre los hechos publicados. No obstante, aquel fallo, fechado el 14 de diciembre de 2018, aclaraba que ya existía un auto «en el que se acuerda incoar diligencias previas en relación con las ayudas recibidas por la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz y librar oficio a la UCO para que a la mayor brevedad posible elaboren atestado», por lo que resulta «incontestable que en la actualidad tales ayudas son objeto de instrucción, no siendo posible la difusión de una versión que, de manera palmaria o patente, carece de toda verosimilitud» . Sí permitía la juez al Grupo Joly, en cambio, exponer su versión sobre el procedimiento por el que se investiga la concesión del ERE que benefició a 36 trabajadores de sus medios de comunicación. Pero la Audiencia de Cádiz ha revocado esa sentencia al entender que la editora andaluza ni siquiera cumplió los plazos legales para ejercer esa acción.

Este fallo, emitido el pasado 19 de mayo, desestima al completo la demanda interpuesta por Federico Joly y Cia contra ABC y sus directores en Madrid y Sevilla, Bieito Rubido y Álvaro Ybarra, por la publicación de dos informaciones en las que se detallaba que la Junta de Andalucía firmó un protocolo con esta editora para otorgarle una subvención de ocho millones de euros para «el desarrollo y expansión del proyecto empresarial vinculado al Grupo Joly», un hecho que quedó recogido en una carta que el director general de Trabajo de la Junta, el hoy condenado Francisco Javier Guerrero, envió al presidente de la empresa, José Joly, y que consta en el sumario del caso. En esta misiva, Guerrero explicaba que «tras la reuniones mantenidas por esta Dirección General con la Dirección de Grupo Joly y con la representación de los trabajadores de Diario de Cádiz y de Ingrasa, en las que se ha analizado la situación laboral de estas empresas en relación tanto con las singulares circunstancias laborales y de creciente competitividad del sector de la prensa diaria, en general, como con las condiciones actuales de desarrollo y expansión del proyecto empresarial vinculado a Grupo Joly, en particular, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social manifiesta su compromiso de apoyo al plan de racionalización y modernización del referido grupo empresarial», un apoyo que se cuantificó en «el importe estimado» de «entre 6.500.000 y 7.000.000 de euros». Finalmente, la ayuda otorgada de forma irregular, como ha ha sentenciado la Audiencia de Sevilla condenando a los responsables políticos de aquel sistema de reparto de dinero —entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán—, fue de ocho millones de euros.

Un informe realizado por funcionarios de Trabajo a instancias de la juez Mercedes Alaya resolvió que esta subvención a Joly reunía varias irregularidades, como que el día de la firma del protocolo de colaboración entre la Junta y la asociación de trabajadores de la compañía editorial que se creó para ingresar el dinero público «la empresa aún no había registrado solicitud alguna instando expediente de extinción de contratos de trabajo. Además, este informe incidía en que «no queda constancia alguna de la constitución de la citada asociación de trabajadores ni queda acreditada su personalidad jurídica , así como tampoco existe documento relativo a solicitud por parte de ayuda económica alguna a la Consejería de Empleo». Sí existe, en cambio, una carta del director general de Empleo al presidente de la compañía.

Por otra parte, ABC también publicó el informe que la Intervención General del Estado entregó a la juez instructora en el que calificaba esta subvención como «nula de pleno derecho» y enumeraba 21 irregularidades en su concesión. Frente a aquellas informaciones basadas en documentos oficiales del sumario del «caso ERE» , Grupo Joly demandó a ABC, pero la Audiencia de Cádiz ha desestimado todas sus pretensiones en una sentencia que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.