COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LOS CURSOS

Desde Jaén también señalan a los interventores

El jefe de servicio de la provincia, José Luis Valentín, asegura que hubo un bloqueo informático de siete meses y que se hizo la auditoría de la formación coincidiendo también con la mudanza y el cambio de competencias

Comisión de Investigación en el Parlamento sobre los cursos de formación Rocío Ruz

STELLA BENOT

El jefe de servicio de Formación para el Empleo de Jaén, José Luis Valentín Martos , ha sostenido que su departamento «ha cumplido estrictamente con la legalidad y ha mantenido el control adecuado» sobre las subvenciones en materia de formación otorgadas por la Junta en esta provincia.

Durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de investigación sobre el presunto fraude en estas ayudas, Valentín , que lleva en el cargo desde 2006 , ha señalado que «todo se tramitó en el momento adecuado y que se realizaron visitas a todos los cursos dos o tres veces».

«Se ha cumplido estrictamente con la legalida d y se ha mantenido el control adecuado, lo cual es importante tanto desde el punto de vista cualitativo como temporal», ha sostenido José Luis Valentín, para quien «no es entendible que se diga que hay quince millones pendientes de justificar», ha dicho en relación con lo que recoge el informe de la Intervención Provincial de Jaén avalado por el Interventor General de la Junta de Andalucía.

José Luis Valentín ha explicado que en julio de 2013 recibió un escrito del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el que se solicitaban los expedientes de entre 2009 y 2012 y se acordó remitirlos en formato original, algo que la Intervención aceptó.

El jefe de servicio de Formación ha añadido que trasladó que había «bastante documentación» pendiente de incluir en las carpetas puesto que llevaban bastante tiempo «sin poder tramitar nada» debido a siete meses y medio de bloqueo informático sin que se produjera ninguna prórroga para aportar los documentos.

Ha indicado que la auditoría al SAE se produjo después del decreto que traspasaba las competencias de Formación con los cambios que esto suponía, unas circunstancias «a las que la Intervención General no podía ser ajena y sin embargo, decidió en ese momento realizar esta auditoría de cumplimiento», por lo que ha destacado la «inoportunidad» de la decisión.

«Yo no quiero entrar en el trabajo que ha hecho la Intervención y además el interventor es una persona muy rigurosa, pero no sé qué les pidieron a ellos», ha sostenido el jefe de servicio, quien también ha argumentado que «el problema de los funcionarios de Formación es que tienen que explicar todo lo que dicen las normas, lo que es ofensivo».

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