Los defectos formales abren la puerta al archivo de investigaciones de corrupción en Andalucía

Basándose en dicha resolución, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, encargada de resolver las impugnaciones del caso ERE, ha estimado el recurso que había presentado la defensa de la empresa periodística Federico Joly y Cia S.L. La consecuencia más inmediata es que se anulan todas las pesquisas que se realizaron con posterioridad al día 4 de abril de 2019, la fecha en que caducó el plazo legal de seis meses desde la apertura de estas diligencias previas (4 de octubre de 2018) por parte de la juez titular de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños.

La instrucción se prorrogó casi tres meses y medio después de la fecha de vencimiento, el 17 de julio de 2019. Como consecuencia, « nada de lo realizado después tiene validez », determina el tribunal. La Audiencia esgrime que el Supremo fijó un criterio «claro» para la investigación de las causas complejas: «La decisión de prorrogar, ampliar o fijar un plazo máximo de instrucción para cuando transcurra el período inicial, debe producirse antes de la expiración del inicial que la norma prevé».

La resolución de la Sección Séptima, contra la que no cabe recurso ordinario alguno, obliga al nuevo instructor del caso ERE , José Ignacio Vilaplana , a archivar la causa abierta sobre la ayuda supuestamente irregular de 8 millones de euros concedida por la Junta de Andalucía para financiar el ajuste laboral promovido por sociedades pertenecientes al grupo editor de cabeceras como Diario de Sevilla y Diario de Cádiz. Se da la circunstancia de que la investigación de esta pieza separada del caso ERE apenas había echado a rodar.

Los investigados y testigos declararon ante el juez después de que los plazos hubieran caducado. Sus testimonios, recogidos en el sumario, y el atestado de la Guardia Civil ya no se consideran pruebas válidas , según este criterio de la Audiencia. Las diligencias se practicaron fuera del plazo de seis meses fijado por el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por esta misma razón el Supremo absolvió en mayo al exdirigente murciano por la contratación irregular de un arquitecto a través del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

Los abogados que intervienen en distintas causas han encontrado en este defecto formal un resquicio legal para tumbar años y años de instrucciones. « La sentencia del Supremo va a obligar a revisar todos los plazos », auguraba uno de estos letrados. Otras partes, en cambio, minimizan su impacto gracias al celo mostrado por los fiscales.

El problema tiene su origen en el polémico límite a los plazos de instrucción introducido durante el Gobierno de Mariano Rajoy , en diciembre de 2015, que ha complicado la instrucción de sumarios por delitos económicos y de corrupción al limitar a seis o 18 meses su tiempo máximo.

El juez instructor, a instancias del fiscal, tiene capacidad para solicitar la prórroga de los plazos, pero para ello debe pedirse expresamente. En la macrocausa de los ERE, un tronco del que surgieron casi 190 piezas o ramas, una por cada ayuda del fondo para empresas en crisis que la Junta repartió entre 2001 y 2010, se corre el riesgo de que se archiven investigaciones por no haberse pedido esa prórroga dentro del plazo legal.Ante esta perspectiva, a la Junta sólo le queda el cartucho de acudir al Tribunal de Cuentas contra los presuntos responsables contables del menoscabo de fondos públicos, como está haciendo en otras piezas del caso ERE.

El archivo que puede tener más resonancia política y judicial es el del caso Isofotón, con 40 personas investigadas, entre ellas 37 ex cargos autonómicos, por delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. Tras la anulación de la pieza del ERE de Joly, las distintas partes personadas en el proceso tienen pocas dudas de que el caso Isofotón va a correr la misma suerte . En este proceso, el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla sigue el rastro de 44,15 millones de euros de los 80,50 millones que la Junta le concedió mediante ayudas, avales y préstamos entre 2005 y 2012.

El recurso presentado por el abogado de varios investigados puede dar la puntilla a estas diligencias que han salpicado a los ministros María Jesús Montero y Luis Planas , que, como consejeros andaluces, acudieron a una reunión en 2012 en la que se modificó la propuesta de inversión para conceder a Isofotón un préstamo de 8,3 millones bajo sospecha. La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera , entró en la compañía como directiva un mes después de recibir el crédito que nunca fue devuelto.

En realidad, la veda para el archivo de piezas se abrió el 30 de octubre de 2020. Ese día la Audiencia de Sevilla acordó cerrar la instrucción de la pieza del ERE de Santana por una ayuda irregular de 68 millones y anuló parte de las pesquisas. La diferencia con respecto a los otros casos es que el límite temporal se excedió cuando la mayoría de las diligencias ya se había realizado dentro del plazo legal.