CURSOS DE FORMACIÓN
La cuñada de Ojeda dice que no sabía a qué se dedicaba pero rehusó firmar sus ayudas
Era directora general de la Junta cuando se le concedieron 27,5 millones para cursos
El complejo procedimiento de concesión de subvenciones a empresas y consorcios para los cursos de formación a los parados se está desenmarañando lentamente a lo largo de las sesiones de la comisión de investigación que se está llevando a cabo en el Parlamento andaluz. La que fuera directora general de Formación Profesional para el Empleo, Teresa Florido, cuñada de uno de los mayores beneficiarios de las subvenciones de la formación Ángel Ojeda, declaró ante la citada comisión que no «sabía a qué se dedicaba» su cuñado cuando fue nombrada directora general en junio de 2011. Sin embargo, la propia Florido se puso en contacto con su consejero, Manuel Recio por entonces titular de Empleo , para pedirle que le retirase las competencias de una serie de empresas, precisamente las relacionadas con el entramado de Ángel Ojeda, exconsejero de la Junta de Andalucía.
Esta orden está fechada pocos días después de ser nombrada, concretamente el 7 de junio de 2011 y concede las competencias sobre toda la tramitación y resolución de los expedientes al director gerente del SAE. Sin embargo, esta decisión del consejero Manuel Recio ha permanecido oculta hasta hace pocos meses, cuando ha salido a la luz porque Teresa Florido la ha aportado como prueba en un caso de injurias y calumnias contra la diputada del PP por Cádiz, Ana Mestre, que la acusó de dar subvenciones a su cuñado.
Sí se publicó en el BOJA, como era preceptivo, la orden de avocación de competencias que firmó Mar Moreno, consejera de Educación, y quien ostentaba las competencias en la Formación para el Empleo a partir de mayo de 2012 en virtud de la decisión de José Antonio Griñán y cuando empezaron a saltar las primeras alarmas.
El traspaso de las competencias de los cursos entre las consejerías de Empleo y de Educación supuso un «auténtico incendio»
El traspaso de las competencias de los cursos entre las consejerías de Empleo y de Educación supuso un «auténtico incendio» en el servicio, según han declarado varios funcionarios en la comisión de investigación que busca responsabilidades políticas por el presunto fraude. En esa orden firmada el 25 de junio de 2013, cuatro meses antes de que Florido fuera cesada de su cargo, se le avocan las competencias de 102 expedientes en los que aparecen un gran número de empresas, todas ellas pertenecientes al entramado de Ángel Ojeda, ya que ese es el motivo por el que pidió ser relevada Teresa Florido.
El testigo protegido de la juez Alaya, el funcionario Teodoro Montes quien aseguró que la formación «era el negocio del siglo en la Junta» , entregó a todos los diputados un listado con los 102 expedientes de Ojeda que su cuñada evitó firmar. Ysuman un total de 27,5 millones de euros en cursos de formación.
Según explicó, este listado con los expedientes de Ojeda que no firmó Teresa Florido llegó a su ordenador «de repente» sin saber de dónde provenía. Sin embargo, está rotulado con el nombre de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente y detalla que hace referencia a la orden firmada por Mar Moreno. Se trata de a yudas que se concedieron desde el año 2005 hasta 2011 a las empresas de Ojeda y que estaban vivos (esto es, no resueltos en términos administrativos) cuando Teresa Florido fue nombrada directora general.
Hay varios datos relevantes. El primero es que en catorce expedientes no aparece la fecha de publicación en el BOJAde las subvenciones concedidas, como sí ocurre en el resto de las ayudas que se entregaron a las empresa de Ojeda. ¿No se publicaron? ¿Por qué? Por el momento, es una incógnita. Además, en el listado de empresas aparece la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente, que tenía abierta un expediente en la Inspección de Trabajo y estaba investigada por el SAE por los curriculum de los profesores. Sin embargo, recibió 576.375 euros de subvención y 189.937 de otra diferente. Tampoco hay explicación por el momento.
Ni una sola sanción
Teresa Florido defendió en el Parlamento andaluz que había controles y que se seguían todos los procedimientos administrativos a rajatabla en lo que se refiere a los cursos de formación. Sin embargo, no fue capaz de asegurar que se pusieron sanciones a las empresas que no cumplían con las condiciones establecidas en la entrega de ayudas. La diputada del PPTeresa Ruíz-Silleroasegura que, si hubiese habido el debido celo, se habrían evitado pérdidas de dinero público.
