La cuñada de Ojeda defiende que el fraude de los cursos nunca debió llegar al juzgado

La exdirectora general de Formación para el Empleo, María Teresa Florido , ha defendido ante la juez de instrucción número 6 de Sevilla que no participó en ninguna «trama organizada» o «conspiración para delinquir» relacionada con las ayudas para impartir cursos de formación en Andalucía, según ha especificado hoy a los periodistas su abogado, Jon Ander Sánchez, al término de su comparecencia.

Es la segunda vez que la que fuera ex alto cargo de la Junta, que es cuñada del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés , quien recibió 52,7 millones de euros en ayudas para formación, ha declarado ante la juez que investiga el fraude de las subvenciones. Lo hizo de forma voluntaria. Su letrado aseguró que « esto nunca debió llegar a un juzgado de lo penal (instrucción) y no hay motivos que justifiquen una instrucción penal».

Hay que recordar que fuentes judiciales dan por hecho que la pieza política del caso va a ser archivada al considerar el juzgado que no se desprenden responsabilidades penales de los hechos, una tesis que comparte la Fiscalía Anticorrupción .

Florido ha querido comparecer para «aclarar algunas fechas» sobre el tiempo que ocupó su cargo , toda vez que durante su mandato se produjo el traspaso de competencias de la Consejería de Empleo a la de Educación, si bien, según su abogado, no llegó a tener competencias en materia de formación tras el trasvase. Está imputada desde marzo de 2015 en la pieza política del caso Formación, donde hay 24 ex responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) investigados.

«Ni siquiera Alaya le imputó nada en relación con su cuñado porque se abstuvo en todos los expedientes de ayudas» relacionados con el exconsejero, ha explicado Jon Ander Sánchez, quien señaló que los Servicios Centrales del SAE funcionaron como una novena provincia y no revisaba el trabajo de las otras delegaciones de Empleo.

La ex directora de Formación rehusó contestar las preguntas formuladas por la acusación del PP porque «durante tres años ha sido objeto de sus críticas ». Esta negativa dio pie a un rifirrafe con la letrada del PP que la juez, María Núñez Bolaños, resolvió a favor de la investigada, según manifestó el abogado a los periodistas.

Con anterioridad a Florido, declaró como testigo la interventora de la Delegación de Empleo en Sevilla, Victoria López, que no pudo declarar antes por enfermedad.