El cuentagotas de la Junta de Andalucía con los papeles de la formación

La dimensión que está tomando la comisión de investigación del fraude de los cursos de formación ha desatado una tormenta política. La Junta de Andalucía es consciente de lo que se está analizando: toda una manera de gestionar subvenciones millonarias (3.100 millones según un informe del interventor) durante más de nueve años y en todas las provincias de la comunidad autónoma.

Tras semanas de tensión, ayer saltaron las primeras chispas entre la Junta y los grupos de la oposición. El portavoz de Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe, la de Ciudadanos, Marta Bosquet, y la de IU, Elena Cortés, coincidieron en sus críticas y sus quejas. Hasta tal punto que el PP amenazó con estudiar si la actitud del Gobierno andaluz supone un ilícito penal. Porque la realidad es que los documentos solicitados sobre los cursos están llegando a los comisionados con cuentagotas.

Y la última fue la de este mismo martes. Justo cuando terminó de declarar el último de los tres comparecientes de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Faffe , los miembros de la comisión recibieron uno de los expedientes reclamados de las subvenciones públicas concedidas a esta empresa, por valor de 25 millones de euros. Una maniobra para la que el diputado del PP, Miguel Ángel Torrico , no escatimó calificativos. «La Junta obstruye nuestro trabajo».

Llovía sobre mojado porque, además, todos los portavoces políticos se quejaron de la falta de respuestas de los directivos de esta misma fundación que está en el epicentro de la polémica y de las investigaciones judiciales. El director gerente, Fernando Villén, su número dos al frente de la fundación, Joaquín Morales, y el gerente de la misma en Cádiz, Luis Marqués, respondieron con evasivas y culpándose unos a otros de la toma de decisiones. «No lo recuerdo» ha sido la frase que más han repetido estos tres comparecientes antes las preguntas de los diputados que no aciertan a comprender cómo se contrataba al personal de esta fundación pública, 1.500 trabajadores que a partir de 2011 pasaron a ser personal laboral fijo de la Junta, ni el sistema por el que obtenían las subvenciones. Por desconocer, desconocen si se hicieron los cursos de formación.

Desde el principio, el Gobierno andaluz ha puesto trabas a entregar documentación. En el mes de noviembre, el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez , dijo que todo el papel solicitado serían «casi 160 toneladas de papel, lo que supone un volumen de 400 metros cúbicos, más de 18.500 expedientes y más de 31 millones de folios».

Este martes buscó otro símil, y dijo que para fotocopiar los 27 millones de folios que reclaman en la comisión (es decir, que el Gobierno ya ha mandado cuatro millones de folios) harían falta más de cinco años de trabajo, «sin que fallara la fotocopiadora». Consciente de que el Ejecutivo no tiene más remedio que colaborar con la comisión de investigación del Parlamento, Vázquez explicó que ofrecen trasladar toda la documentación hasta el edificio de las Cinco Llagas, «siempre con la custodia de un funcionario público».