La instrucción
Cuatro años de la juez Núñez Bolaños: enmiendas de la Audiencia, archivos y prescripciones
La Sección Séptima reabrió el caso Formación y anuló cargos excluidos
La Inspección del Poder Judicial disculpa a la juez del caso ERE y endosa los retrasos a la Fiscalía
El informe provisional de los inspectores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pone el foco sobre los retrasos de los casos de corrupción que heredó la juez María Núñez Bolaños de la anterior titular del órgano, Mercedes Alaya, a mediados de 2015 . Y pasa de puntillas por otras «abrumadoras muestras de conductas irregulares» que la Fiscalía Anticorrupción desgranaba en su denuncia, que dio pie a las diligencias informativas abiertas a la magistrada, con ejemplos y cuadros sobre el estado de cada una de las piezas.
Los jueces inspectores llegan a atribuir la falta de «agilidad» en la tramitación de los casos de corrupción al sistema de notificación de las resoluciones a la Fiscalía en formato papel o a través de un funcionario, en lugar de hacerlo a través de la plataforma informática Lexnet. Olvida que los representantes del Ministerio Público reciben estas notificaciones antes que el resto de las partes . Los inspectores sostienen que no ha habido «desvíos alarmantes» y retrasos en las declaraciones de investigados y aportan como factor limitante el juicio de la pieza política del caso ERE, que copó 152 sesiones en el año 2018. No dice tampoco que los fiscales que ejercían la acusación en el juicio no son los mismos que en el resto de piezas.
Hasta la Audiencia de Sevilla, que abrió la puerta a excluir de las piezas de las ayudas de los ERE a los políticos acusados en el único juicio celebrado hasta la fecha, ha censurado prematuros archivos y anulado la exculpación generalizada de ex altos cargos socialistas y beneficiarios en las más de un centenar de investigaciones que conforman esta macrocausa troceada para agilizar su instrucción. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que resuelve los recursos del caso ERE, revocó en marzo de 2019 un auto en el que exculpaba al exdirector general de Trabajo de la Junta Daniel Alberto Rivera por ayudas sociolaborales por 98 millones concedidas a Santana Motor. En su auto, reprochaba a la juez que usara agumentos «erróneos», «contradictorios», «carentes de fundamento y de toda lógica procesal», que «no merecen mayor comentario».
Enmendar la tesis de la juez
La Audiencia también tumbó su archivo del caso Formación contra los políticos, dando la razón al PP. En noviembre, volvió a enmendar la tesis de la juez del caso ERE, que había archivado distintas piezas separadas de esta macrocausa alegando que las empresas beneficiarias de ayuda, «más que delincuentes, podrían considerarse víctimas o perjudicados por la actuación» de la Junta. La sala estimó el recurso de la Fiscalía, que reprochó a la juez que «justificaba una conducta delictiva».
Tanto los fiscales como la acusación ejercida por el PP andaluz —que han llegado a recusarla sin éxito ante el CGPJ— han solicitado pesquisas para avanzar en las investigaciones en las causas de los ERE, Avales e IDEA, ignoradas de forma sistemática por la juez a veces sin molestarse en contestarlas ni motivarlas.
El caso ERE acumula más de 35 archivos por prescripción de los delitos. En un recurso contra uno de sus sobreseimientos, los fiscales censuraron la «pasividad evidente» de la magistrada.
El informe provisional del CGPJ llega apenas dos meses después de que la Audiencia diera el espaldarazo definitivo a la tesis acusatoria de la Fiscalía con la condena de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
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