La crisis del coronavirus
El plan de la Junta para reconstruir Andalucía: un programa de empleo local y obras hídricas
El Consejo de Gobierno se centra en iniciativas para paliar la crisis económica
La estrategia de la Consejería de Empleo pasa por incentivar la contratación en las empresas mediante ayudas al pago de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores, por hacer reformas de calado para dinamizar el mercado laboral y por estrategias que fomenten la I+D+i. Pero la crisis del coronavirus ha obligado a «soluciones excepcionales», según las propias palabras de la consejera de Empleo, Rocío Blanco .
Y entre estas soluciones está la aprobación de un plan de empleo, denominado Plan AIRE (Activación, impulso y recuperación del empleo) con el que inyectarán 165 millones de euros a los ayuntamientos para que puedan contratar a 19.000 personas a partir del mes de septiembre, cuando se espera lo peor de la crisis económica. El objetivo es que se hagan contratos entre 6 y 8 meses a personas desempleadas e inscritas en el SAE que no perciban ninguna otra ayuda ni estatal ni autonómica para realizar proyectos seleccionados por los propios municipios.
Los contratos que se ofrecen oscilan entre los 8.880 euros y los 11.700 euros para un contrato de seis meses que se podrán prorrogar por dos meses más que se pagarán entre 1.480 y 1.950 euros cada uno de ellos.
Lo más novedoso de este plan de empleo es que está dividido por franjas de edad y de municipios. Así se verán favorecidos los municipios de menos de 3.000 habitantes y también se establecen diferentes categorías de edad. Para los jóvenes entre 18 y 29 años, la Junta destina 63,2 millones de euros; 59,6 millones para contratos a parados de 30 y 44 años, y 42,15 millones para mayores de 45 años y parados de larga duración.
Flexibilidad
La Consejería de Empleo ha optado por la máxima flexibilidad a la hora de conceder estos fondos a los ayuntamientos. Así, modifica algunas normas vigentes de manera que los municipios no tendrán que estar al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social y tampoco se tendrá en cuenta si no han justificado debidamente fondos anteriores ante la administración andaluza. Además, recibirán el cien por cien del dinero que les corresponda nada más solicitar la ayuda.
Otro asunto son los proyectos subvencionables. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, explicó ayer que serán los municipios los que decidan qué proyectos quieren acometer, bien de infraestructuras locales, de atención a mayores o menores, o a parques públicos y de ocio o a actividades culturales. El plazo de inscripción para este plan de empleo será de 15 días tras la publicación en el BOJA y será necesario realizarla a través de las oficinas del SAE y sólo se fiscalizarán los proyectos a posteriori.
El planteamiento de la Consejería de Empleo recuerda a muchos de los extremos del denostado Plan E de Zapatero, si bien Rocío Blanco asegura que en este caso habrá un control financiero posterior «porque el dinero público es sagrado y seremos muchísimo más diligentes con su custodia y finalidad».
Desde el PSOE y Adelante Andalucía han llovido las críticas a esta propuesta, una censura a la que también se ha sumado Vox, formación que tampoco confía en las bondades de este proyecto. El presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos , ha censurado la falta de diálogo y acuerdo con los ayuntamientos para ponerlo en marcha.
Depuración de aguas
Otro de los acuerdos del Consejo de Gobierno también pretendía la creación de empleo, aunque a más largo plazo ya que se trata de la construcción de infraestructuras hídricas que llevan años pendientes y que activarán la obra pública.
Para ello, el Consejo de Gobierno declaró de interés autonómico 17 nuevas infraestructuras hidráulicas para paliar los efectos de la sequía en todas las provincias. En total, estas obras suponen una inversión plurianual de alrededor de 430 millones de euros hasta el año 2027 si se cumplen los plazos previstos . A corto plazo se van a invertir 15 millones de euros en este año y 2021 para la redacción de los proyectos de obras de estas infraestructuras que pretenden resolver el suministro de agua para 3,6 millones de personas de 215 municipios andaluces.
Las 17 nuevas actuaciones se llevarán a cabo en las ocho provincias andaluzas. En Almería en el Valle del Almanzora y en el abastecimiento en alta de agua desalada en el Poniente Almeriense y la capital. En Cádiz en el abastecimiento desde el embalse del Guadalcacín hasta el Partidor de la Peruela y en la mejora en núcleos de la Janda. En Córdoba, en la zona norte desde el embalse de la Colada y desde El Cerrillo a Cerro Muriano. En Granada, a la Costa Tropical desde el Sistema Béznar Rules y en los municipios de la Contraviesa; mientras que en Huelva en los depósitos del Sistema Huelva y a la mejora de la garantía de abastecimiento a los municipios de la Sierra.
En el caso de Jaén, en la estación de Tratamiento de Agua Potable, en Málaga, en el del Bajo Guadalhorce, y en la provincia de Sevilla, en el abastecimiento a Burguillos y la Sierra Sur.
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