Crisis coronavirus

Educación garantiza el pago a las empresas que le prestan servicio para mantener así 30.000 empleos

El consejero de Educación y Deporte ha subrayado «la determinación del Gobierno de Andalucía para tomar las medidas necesarias para proteger el empleo en una situación tan compleja»

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El consejero de Educación, Javier Imbroda ABC

M. Moguer

El Gobierno andaluz aprobó este miércoles un decreto para «proteger» los 30.000 empleos que, en Andalucía, prestan servicios en Educación. Así lo ha indicado el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, quien ha destacado la «determinación» de la Junta de que no se pierda ninguno de esos puestos y, además, sigan cobrando su nómina mientras se mantiene el cierre de los colegios por el estado de alarma que trata de frenar el avance dle coronavirus. La medida afecta también al resto de empresas que prestan servicios a la Junta de Andalucía.

Según señalan desde Educación, el decreto del Gobierno central dejaba sin efecto la medida aprobada por la Junta para mantener el pago a las empresas proveedoras y que éstas a su vez pudieran mantener a sus empleados. Esto se corrige con el decreto aprobado este miércoles, texto legal cuyo fin es «garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo adscritos a los contratos de prestación de servicios». Estos pagos tendrán «la consideración de abonos a cuenta».

De esta forma, según subrayan desde Educación, el Gobierno andaluz «facilita que las empresas puedan seguir pagando salarios y costes laborales a sus empleados con la periodicidad establecida en sus contratos». Esos abonos estarán condicionados a que la empresa acredite los costes referidos y la permanencia de la plantilla de trabajo adscrita al contrato en cuestión, «en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que dure la suspensión, así como el abono de los salarios».

Desde la Consejería de Educación subrayan que «esa fue la voluntad de la Junta de Andalucía desde el primer momento con el decreto del 16 de marzo y ahora con este del 1 de abril, que da claridad y seguridad jurídica por el marco establecido a posteriori por el Gobierno estatal».

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