SERVICIOS PÚBLICOS
La crisis en Cataluña frena la negociación sobre la financiación de las comunidades autónomas
Susana Díaz urge a Rajoy a negociar pero todos son conscientes de que necesitan que haya gobierno en Cataluña
Los responsables de todos los partidos políticos, tanto andaluces como a nivel nacional repiten la misma idea: la financiación autonómica es un debate de calado , importante, serio y que hay que abordar de manera urgente porque hay comunidades autónomas que están infrafinanciadas y con lo que reciben no tienen suficiente para pagar el coste de los servicios públicos que prestan a sus ciudadanos.
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La Hacienda del Estado es la única que recauda los tributos que pagan todos los españoles mientras que los servicios públicos básicos como la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, los prestan directamente las comunidades autónomas y los sufragan con fondos que les son transferidos siguiendo unos criterios que, en lugar de cohesionar España, ha incrementado todas las desigualdades.
Exigencia
A partir de esta premisa, las declaraciones públicas de todos los portavoces oficiales son de lo más variopintas. Los socialistas exigen a Rajoy que convoque ya y de manera urgente a los órganos políticos competentes para iniciar las reformas, mientras que el PP responde que el PSOE tiene primero que consensuar una postura común en el partido con la que sentarse para empezar a negociar. El resto de fuerzas políticas también se mueve entre esos márgenes, pidiendo una negociación pero no dando, del todo, su brazo a torcer para propiciarla.
Las voces más criticas, como la del líder de IU Antonio Maíllo , censuran que se esté centrado en el debate político catalán, una cortina de humo que oculta la situación precaria de muchos servicios públicos, con recortes sociales, dificultades para acceder al empleo y un lastre para la economía que afecta a los más débiles.
Un cruce de acusaciones que no es otra cosa que marear la perdiz porque en el fondo todos los actores políticos son conscientes de que la inestabilidad en Cataluña es lo que de verdad está frenando la negociación política sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.
El Gobierno andaluz ha sido, además, preso de sus palabras. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero , amenazó en diciembre con forzar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera —el órgano donde se debaten los asuntos económicos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas—. Y puede hacerlo legalmente ya que si un tercio de sus componentes (el Gobierno y todas las comunidades autónomas) lo solicita, la celebración de la reunión es obligatoria.
Pero no lo ha hecho y no lo va a hacer según ha podido saber ABC. «No es lo más leal en este momento teniendo en cuenta que Cataluña no tiene Gobierno» , han explicado fuentes del Ejecutivo andaluz. Es decir, seguirán dando la batalla política... pero sin apretar las cuerdas. ¿Sería posible empezar a negociar un nuevo modelo de financiación sin Cataluña? ¿Es posible incluir a los catalanes a la mitad de estas conversaciones?
Los frentes abiertos
Mientras se despejan estas incógnitas hay muchos frentes a los que Andalucía debe atender antes de llegar a esa mesa de negociación. Susana Díaz no ha conseguido todavía una propuesta unánime emanada desde el Parlamento . El último movimiento ha puesto sobre la mesa una posible propuesta, si bien todavía no hay nada cerrado aunque el PSOE ya ha logrado el voto de 67 diputados de los 109 que componen la Cámara. Podría, pues, sacarlo adelante. Pero sin consenso. Sólo con mayoría.
El PP es consciente de que la estrategia de desgaste de los socialistas en este sentido pasa por aislarlos políticamente y por eso Juanma Moreno no deja de repetir que están dispuestos a llegar a un acuerdo, que tiende la mano a la Junta para defender los intereses de Andalucía porque el sistema de financiación actual —que fue aprobado por el Gobierno de Zapatero— es malo en general y muy malo para Andalucía.
Hay, desde luego, una base para el acuerdo que, además, es clave para la negociación a nivel nacional de este asunto. Todos los grupos políticos en Andalucía defienden que la base para calcular el nuevo reparto de fondos sea la población real en los territorios, un criterio que conviene a los intereses andaluces ya que es la comunidad más poblada de España.
Unión de otras comunidades
Precisamente en la población reside uno de los principales problemas a la hora de negociar el nuevo modelo de financiación autonómica. Porque hay comunidades autónomas cuya principal característica es la dispersión y consideran que esta característica influye en el coste real de los servicios públicos.
La unión de cuatro comunidades, dos gobernadas por el PSOE (Aragón y Asturias) y otras dos por el PP (Galicia y Castilla y León) para defender el criterio de la dispersión en la población ha encendido las alarmas en el Gobierno andaluz. Sobre todo porque da, en parte, la razón a Susana Díaz . No se trata de una cuestión de partido sino de defender los intereses de los territorios. Lo que no ocurrió en 2009, desde luego, cuando el PSOE puso firmes a todos sus barones que votaron en bloque una propuesta que ha resultado fallida con el paso de los años.
La situación del PSOE
Y ese es otro de los problemas en este momento. Las diferencias internas que separan a Pedro Sánchez de sus barones juegan en contra de Susana Díaz que no encuentra aliados para defender los intereses de Andalucía frente al resto de comunidades autónomas.
Y eso que Valencia y Cataluña podrían ser compañeros de viaje en esta negociación que se prevé ardua. Las dos comunidades también están infrafinanciadas, tienen una importante concentración de población y problemas similares a los andaluces.
Pero no está claro que Ximo Puig quiera ponerse al lado de Susana Díaz en estos momentos , sobre todo teniendo en cuenta que el valenciano ha sellado la paz con Pedro Sánchez y Susana Díaz no del todo. Cataluña viaja aparte por el momento pero no de manera independiente sino arrastrando al resto de comunidades con ella.
