Corrupción en Doñana: Un juez investiga facturas falsas en la Estación Biológica
El exdirector de mantenimiento del parque habría contratado sin control ni fiscalización y podría ser acusado de sendos delitos de malversación y
Facturas falsas, coches que se reparaban tres veces de la misma avería en talleres diferentes, varios dispositivos iPods comprados con dinero público y de los que no se sabe nada... Es parte del rastro que ha dejado en la Estación Biológica de Doñana (EBD) el exdirector de mantenimiento del parque, Raúl Sojo Ballesteros, según el escrito que la Fiscalía Provincial de Sevilla ha elevado al Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla y en el que apunta a la comisión de presuntos delitos de malversación y falsificación de documentos.
La denuncia partió en octubre de la propia presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Rosa Menéndez López , agencia nacional del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de la que depende la estación científica que gestiona del Parque Nacional.
Sojo empezó a trabajar en 2003 como jefe de mantenimiento y del parque móvil de la Estación Biológica de Doñana, Hace algo más de un año, y de forma sorpresiva , dimitió el exgerente del ente público, Carlos Soler Junco. Eso levantó sospechas entre el personal, porque, aseguran, tenía concedida una prórroga para seguir en su cargo. Aún así abandonó la EBD y está «ilocalizable», explican sus antiguos compañeros.
En ese momento se hace cargo de la gerencia del ente Jordi Figueroa de forma interina. Y empieza, junto con Xim Cerdá, su segundo, a revisar las cuentas de la EBD. Nada cuadraba. «Antes no se controlaban las cuentas al milímetro, teníamos un gerente (Soler) que llevaba eso», explica Figueroa. El escrito de la Fiscalía así lo reconoce también. De hecho indica que la labor de Sojo necesitaba que, en última instancia, el gerente «conformaba y ordenaba el pago».
Con las cuentas sobre la mesa empiezan a descubrir, recoge el escrito del fiscal, que «no existía un programa de compras y pedidos ; no era obligatoria la solicitud de compras validadas por ningún responsable; las facturas de reparaciones de las instalaciones no iba acompañadas de un presupuesto previo; no se identificaban el objeto de los gastos realizados ». Hay más. La Fiscalía llega a decir que no constan «copia de contrato alguno suscrito con la EBD para el mantenimiento de las instalaciones» o que «se pagaron facturas por trabajos no realizados » y «se firmaron contratos de mantenimiento con más de una empresa».
Antes de descubrir estas irregularidades, Sojo ya estaba en el punto de mira de Cerdá , quien le abrió un expediente administrativo por desobediencia. Sojo estaba afiliado a UGT y tuvo un enfrentamiento con un trabajador del sindicato SAT , al que, asegura Cerdá, «le hacía la vida imposible».
«Auténtica farsa»
Cuando entra en los detalles de lo que se ha encontrado en la gestión del exdirector de mantenimiento de la EBD, el fiscal es especialmente duro. Tacha de «auténtica farsa» el contrato de mantenimiento suscrito por el parque para el servicio de incendios ya que «pese a que fue encontrado un informe favorable del estado de la instalación, se pudo constatar que en realidad el servicio de incendio no se controlaba hacía años».
Sojo, que podría ser acusado de delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental , podría haber, incurro en un desfalco de casi tres millones de euros, según fuentes internas de CSIC. Las cifras apuntan en ese sentido.
Así, la Fiscalía recoge «varias facturas pendientes de pago de 3.444 euros». Lo curioso, destaca el fiscal es que cuando el nuevo gerente de la EBD contactó con la empresa reclamante de ese dinero no supieron explicarle su origen ni lo volvieron a reclamar.
En el capítulo de vehículos hay también grandes sumas sospechosas. Así, han encontrado 225.000 euros que en 2017 se pagaron por reparaciones de vehículos. También medio millón de euros que se pagaron a solo tres talleres entre 2014 y 2018. Dichos negocios pertenecen a la misma familia. Y aunque algunos vehículos iban a ser dados de baja , se vendieron al dueño de uno de esos tres talleres.
Como nota sobre el descontrol del gasto, basta un dato que subraya la Fiscalía: «un solo vehículo acumuló reparaciones por importe de 35.000 euros en dos años ». El valor de mercado de ese mismo coche era de una quinta parte de ese dinero. Es más, con 35.000 euros se puede comprar un coche nuevo de alta gama.
El capítulo de jardinería también contiene presuntas irregularidades. Así, señala el fiscal, una sola persona constaba como contratada para estos servicios. Pero han encontrado tres facturas, cada una de ellas por un importe de 907,50 euros , que implican que a ese supuesto trabajador se le estaba pagando 120 euros la hora por sus tareas. Todo eso cuando, además, «se ignoraba cuáles eran las tareas del jardinero». Cobrar 120 euros por hora sin saber muy bien el porqué.
Con estos datos, la Fiscalía concluye que «la mayoría de las facturas en relación a estos servicios son falsas y corresponden más bien a trabajos no realizados o bien inflados fraudulentamente sus importes».
En su escrito, el fiscal no solo señala las actividades sospechosas de Raúl Sojo. También indica que el acusado podría haber borrado información sensible sobre su caso del disco duro de su ordenador. Además «impidió pese a encontrarse de baja y pese a que fue cesado de sus funciones el acceso a su despacho, no facilitando las claves de los ordenadores con los que trabajaba».
La investigación aún no está cerrada. De hecho, fuentes del CSIC señalan que la Policía Judicial tiene previsto acudir a sus oficinas en Sevilla para recabar información que ayuden a esclarecer este caso. La dirección del órgano científico , que fue quien denunció ante el Juzgado cuando tuvo conocimiento, espera que se esclarezcan los hechos, que se investigan en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla.
¿Y dónde está Raúl Sojo? De baja, según su abogado. Apartado de su trabajo por los hechos denunciados, según la EBD. Este periódico intentó ponerse en contacto con Sojo ayer para conocer su versión de estos hechos sin resultado. Por ahora deberá declarar ante el Juzgado como imputado. Y, si la investigación prospera, se sentarán con él las empresas que facturaron servicios no prestados.
Noticias relacionadas
