Altos cargos socialistas de la Junta «dejaron prescribir» una deuda millonaria de UGT y CCOO

Antonio R. Vega

25/06/2020
Actualizado 27/06/2020 a las 13:49h.

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Las antiguas cúpulas regionales de Comisiones Obreras y UGT se apropiaron de 6,7 millones de euros de fondos públicos recaudados entre las familias de trabajadores que veraneaban en las residencias de tiempo libre de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2006. El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha abierto unas diligencias previas contra seis ex dirigentes de ambos sindicatos en Andalucía y tres exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social de la Junta tras la denuncia penal presentada contra ellos por la Fiscalía de Sevilla .

Como destapó ABC el pasado 2 de diciembre, ex altos cargos de los gobiernos socialistas dejaron que prescribiera la reclamación del dinero por la vía ejecutiva. Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera Gómez , que ocuparon la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta entre 1999 y 2012, no «hicieron nada para conseguir que los representantes legales de los sindicatos ingresaran voluntariamente o bien de forma ejecutiva las cantidades que adeudaban, pese a estar obligados a ello por su cargo y sus funciones», señala la Fiscalía en su escrito del pasado 7 de mayo al que ha tenido acceso este periódico.

Como consecuencia de su «inacción», prescribió desde el punto de vista administrativo el derecho de la Junta para reclamar a las centrales sindicales las cuantías adeudadas: 4.025.433,92 euros, en el caso de CCOO, y 2.699.365,78 euros es la cuantía reclamada a la UGT.

El nuevo caso de corrupción toma cuerpo en los juzgados catorce años después de que ocurrieran los hechos y con el PSOE ya desalojado del poder que concentró sin discusión durante cerca de 37 años.

El detonante fue la documentación comprometedora sobre este agujero millonario que la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta remitió el pasado 18 de julio a la Fiscalía de Sevilla, seis meses después del desembarco del PP y Ciudadanos en el Gobierno andaluz . Tras analizar el expediente, la Fiscalía abrió una investigación y encomendó un atestado a la Guardia Civil. El informe policial estimó en 6,7 millones las cuantías «presuntamente apropiadas y no liquidadas» entre 2000 y 2006, que inicialmente la Administración había cifrado en 7,4 millones de euros.

Los orígenes se remontan a la etapa del presidente Manuel Chaves . El 2 de febrero de 1999, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó un decreto por el que cedía la adjudicación de dichas plazas a ambos sindicatos. La operación daba un trato privilegiado a dichas centrales frente a otras organizaciones sindicales, como certificaron los jueces.

El acuerdo, que después fue anulado por los tribunales, permitía a UGT y CCOO quedarse con el 20% del total recaudado por el alquiler de las plazas de siete residencias de titularidad pública, en concepto de gastos de gestión. El 80% restante tenía que ser ingresado a las arcas autonómicas. Durante siete años, «los sindicatos, en las personas de sus representantes legales, desoyeron de manera contumaz, los requerimientos de pago de las cantidades que retenían indebidamente», según advierte el Ministerio Público.

El fiscal Luis Martín Robredo, que firma la denuncia, atribuye un supuesto delito continuado de malversación de fondos públicos a dos exsecretarios generales de CCOO, Julio Ruiz Ruiz (1992-2004) y Francisco Carbonero Cantador (2004-2017), y a su homólogo en la UGT, Manuel Pastrana Gallego , máximo responsable de la federación andaluza entre 1998 y 2013.

La investigación penal, que ha recaído por reparto en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, también se dirige contra el exsecretario de Administración y Servicios de UGT, Federico Fresneda , que ya está acusado de desviar subvenciones de la Junta para cursos de formación a gastos de estructura del sindicato. Hay otras dos miembros de la ejecutiva de CCOO-A investigadas: las secretarias de Servicios Juana Mancilla Caro (2000-2004) y Maribel Hernández Martínez (2004-2008). El que fuera secretario de Organización de CCOO en dicha etapa falleció en 2016.

Todos ellos ocuparon puestos de responsabilidad durante los seis años que « se produjeron las apropiaciones o sustracciones de dinero con vocación de carácter público por su destino», apunta el fiscal.

Tanto Carbonero como Pastrana recibieron los días 1 y 10 de julio de 2006 dos oficios del entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero -condenado por el sistema ilegal de ayudas del caso ERE-, en los que les indicaba que «debían proceder al ingreso de las cantidades adeudadas». Ni Guerrero ni sus dos sucesores en el cargo «hicieron nada» para reclamarles el dinero público .

Tras un primer requerimiento, dejaron «transcurrir el tiempo hasta producirse la prescripción del derecho a exigir en vía ejecutiva los ingresos». El Ministerio Público les imputa un supuesto delito de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva. Pero deja la puerta abierta a nuevas imputaciones. «Si de la instrucción judicial así resultare, se extendería la investigación a otros implicados».

Tras la llegada de Susana Díaz al Palacio de San Telmo en el año 2013, la Junta pleiteó con los sindicatos en la vía contencioso-administrativa para exigir el cobro. Ya era tarde. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó los recursos de UGT y CCOO y declaró prescritas las acciones administrativas. Quedaban aún dos caminos para reclamar el dinero: la vía contable, acusando a los sindicatos de menoscabo de fondos , y la penal. Pero el anterior Gobierno no emprendió ni la una ni la otra.

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