FORMACIÓN
Usa su correo de alto cargo para pedir trabajo en empresas subvencionadas del exconsejero Ojeda
El actual director de Comercio de la Junta, Raúl Perales, pidió un «favor» para sí mismo, según la UDEF
Raúl Perales Acedo utilizó su correo oficial como director general del Instituto Andaluz de la Juventud para solicitar un puesto de trabajo al gerente del grupo Prescal, el «holding» societario creado por el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés que recibió 52,6 millones de euros a través de subvenciones autonómicas para cursos de formación entre 2008 y 2011.
Perales, sin apenas experiencia profesional fuera de la actividad política, ocupa desde el 29 de mayo de 2017 la Dirección General de Comercio , un alto cargo dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
En un informe remitido a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos por parte de Ángel Ojeda, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional destaca el hecho de que un cargo «de cierta relevancia de la Junta» llegara a pedir «favores» para sí mismo a un directivo de las empresas de quien fuera consejero andaluz de Hacienda entre 1987 y 1990.
En el atestado policial de 69 páginas, al que ha tenido acceso ABC, se menciona que Raúl Perales «remite su propio currículum a Federico Díaz» —gerente financiero de Prescal— desde su correo corporativo en la Junta de Andalucía para que «tengáis la amabilidad de incluirlo en próximos procesos de selección que organicéis». Según la UDEF, Raúl Perales firma dicho mensaje como «director general del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) », cargo adscrito a la Consejería de la Presidencia e Igualdad de la Junta que ocupó entre los años 2009 y 2015.
Perales «ha estado muy estrechamente vinculado desde siempre a la Junta», afirma el informe de la UDEF
Es hijo de Antonio Perales Pizarro, imputado en el caso Bahía Competitiva , la trama que se hizo con casi 24 millones de euros procedentes de los planes de reindustrialización del Gobierno central en Cádiz, y sobrino del histórico socialista que fundó el clan socialista de Alcalá de los Gazules, el ya fallecido Alfonso Perales.
La UDEF recuerda Perales, licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla, « ha estado muy estrechamente vinculado desde siempre a la Junta ». Incluso trabajó como técnico de recursos humanos en la extinta Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe), un organismo de la Junta que investigado por el supuesto desvío de subvenciones para cursos. El ente hizo al menos 200 contrataciones con vínculos políticos y sindicales, según señaló la Guardia Civil en otro informe entregado a Núñez.
En la vida laboral de Raúl Perales, que fue vicesecretario general de Juventudes Socialistas en Andalucía , la UDEF detalla que estuvo contratatado por Gazul Producciones S.L. y luego ocupó los distintos cargos públicos, pero no llegó a ocupar ningún cargo en el Grupo Prescal. Seguía dirigiendo el IAJ cuando Ojeda fue detenido el 4 de agosto de 2014 dentro de la «Operación Óscar» desarrollada por la Policía contra el fraude de la formación.
El nombre de Perales saltó a los medios de comunicación a finales de 2014 por ordenar el desmontaje del váter que utilizaba en su despacho oficial para trasladarlo a la nueva sede del instituto y sustituir el retrete que allí se había instalado, según informó Libertad Digital. Desde el IAJ justificaron el traslado como una medida de ahorro porque el cuarto de baño era propiedad de la Junta de Andalucía.
La UDEF aprecia « un posible tráfico de influencia» entre Ojeda y determinados cargos de la Junta , algunos de ellos del Servicio Andaluz de Empleo, que tienen capacidad de decisión sobre las ayudas para cursos. Varios correos electrónicos ponen de manifiesto, a su juicio, «la solicitud de colocación de familiares o amigos» o de ellos mismos.
Desde la Consejería de Empleo precisaron a ABC que no valoran procedimientos judiciales abiertos. Muestran su «respeto» con la instrucción , lo que «se complementa con la colaboración continua» con los requerimientos que se reciben tanto desde los órganos judiciales como desde los organismos que con ellos trabajan, y con la personación, si corresponde, de la Consejería como acusación particular en defensa de los intereses de la administración.
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