El PSOE intenta invalidar la gestión de la Junta de Andalucía durante la pandemia

Stella Benot

17/06/2020 a las 18:48h.

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El PSOE andaluz está intentando invalidar toda la gestión de la Junta durante la pandemia. Pero, en lugar de hacerlo con argumentos políticos ha optado por la vía judicial que, de prosperar, generaría un complicado conflicto jurídico en el Gobierno andaluz por la falta de validez legal de los decretos leyes que ha aprobado con las medidas urgentes contra la Covid-19.

Cincuenta senadores socialistas han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque consideran que se han conculcado los derechos de los diputados andaluces ya que durante la pandemia se limitó la acción del Parlamento andaluz a la Diputación Permanente , el órgano reducido de Gobierno de la Cámara, que ha ejercido de forma única todo el control parlamentario. Una decisión técnica que entienden supone un «recorte democrático».

En este órgano reducido sólo participan unos pocos diputados en representación proporcional de todos los grupos parlamentarios pero no los 109 que representan a los andaluces. En base a este argumento, el PSOE ha montado su recurso ante el TC.

Sin embargo hay que tener en cuenta que el 18 de marzo la Mesa del Parlamento aprobó por unanimidad esta fórmula jurídica durante el estado de alarma para controlar al Gobierno andaluz. Y que el PSOE, por lo tanto, votó a favor de la misma . Una decisión que ahora cuestionan con su recurso ante el Tribunal Constitucional.

Hay otro dato relevante. Los socialistas han votado a favor de los decretos leyes presentados por el Gobierno andaluz ante la Diputación Permanente del Parlamento y que trataban de dar respuesta a la situación de emergencia que se estaba viviendo. Susana Díaz ha criticado el contenido de algunos de ellos (con medidas económicas o sociales de apoyo a los colectivos más vulnerables), si bien los ha apoyado por «lealtad institucional» y porque entendía que era el momento de trabajar junto al Gobierno andaluz para tratar de ayudar.

El recurso presentado por el PSOE lo ha elaborado el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Fernando Álvarez-Ossorio , y se basa en tres argumentos principales: la decisión de convocar la Diputación Permanente pese a no ser un periodo inhábil; la competencia que se arroga dicho órgano para convalidar decretos-leyes y la presunta vulneración del derecho de participación de la ciudadanía, a través de sus legítimos representantes (los diputados), en las decisiones del Gobierno.

«Tras la declaración del estado de alarma se decidió prescindir del pleno y las comisiones, se obvió el Estatuto de Autonomía y el reglamento del Parlamento convocando a la Diputación Permanente para ejercer de manera única la función parlamentaria, con lo que en esos meses las decisiones se tomaron en una situación evidente de inseguridad jurídica , lo que es muy grave», denunció el portavoz socialista, José Fiscal .

Fiscal ha tratado de explicar la contradicción entre el apoyo de su grupo y este movimiento jurídico que puede frenar todos los decretos leyes aprobados durante el estado de alarma. «Desde el primer momento mostramos nuestras reticencias a que esa fuera la fórmula adecuada pero por responsabilidad y porque entonces no había ningún informe contrario, votamos a favor».

La decisión del PSOE se une a la de Adelante Andalucía , formación que también decidió presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la convocatoria de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz por lo que consideró «un disparate jurídico».

En el caso de Adelante Andalucía ha sido el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías , quien elaboró esta iniciativa y quien explicó que, si el TC admite el recurso, «los decretos no han sido convalidados adecuadamente y por lo tanto han decaído», es decir, no se pueden aplicar.

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