CORONAVIRUS ANDALUCÍA
El Gobierno se desentiende de los inmigrantes en cuarentena que llegan a las costas de Andalucía
Se quedan libres once extranjeros que habían viajado con un contagiado por Covid y debían ser confinados
La tasa de incidencia de Covid-19 en Andalucía se mantiene muy por debajo de la media nacional
El Gobierno ha dejado libres a once inmigrantes de origen magrebí que acompañaban a un contagiado por coronavirus a bordo de una patera rescatada frente a las costas de Almería y que debían permanecer en cuarentena en un centro bajo vigilancia durante 14 días. El protocolo de actuación establece que la Junta de Andalucía se encarga de hacer las pruebas PCR a todos los extranjeros que llegan de manera irregular a la comunidad autónoma y de trasladar a un centro a quienes den positivo en una ambulancia a cargo del Sistema Sanitario Público de la comunidad autónoma.
El traslado de los inmigrantes que hayan mantenido contacto directo con algún infectado aunque la prueba PCR arrojara un primer negativo –como ha ocurrido en este caso– corresponde al Ejecutivo central y lo ejercen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado , de acuerdo con el fragmentado rompecabezas de competencias sobre la inmigración.
Así ha sucedido hasta esta sábado, cuando, para asombro de las autoridades autonómicas, el Gobierno no realizó el traslado de los once extranjeros sin síntomas a un centro de acogida para garantizar su aislamiento obligatorio , según confirmaron a ABC fuentes de la Junta.
El Gobierno esgrime que no le compete trasladar a los inmigrantes porque no están detenidos
Desde la Delegación del Gobierno en Andalucía, en cambio, señalan que el traslado de estas personas no forma parte de sus competencias porque no se encuentran detenidas . Según las fuentes de la Delegación del Ejecutivo central, si estos inmigrantes han quedado libres es porque la Consejería de Salud y Familias, que tiene la competencia en la comunidad en asuntos de salud pública, ha resuelto no asumir su traslado.
Choque entre administraciones
El problema es que dicha decisión choca con la colaboración institucional que ha habido hasta ahora. Así lo recuerda la propia Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Almería en una resolución por la establece que «las personas negativas se trasladarán a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tal y como se ha realizado en todos los traslados anteriores».
La Administración autonómica se ha hecho cargo del confinamiento durante un mínimo de diez días del único de los doce inmigrantes que viajaban en la embarcación que había dado positivo en la prueba PCR. Su aislamiento, siempre que no requiera hospitalización, se lleva a cabo en albergues y centros que cumplen unas estrictas medidas sanitarias durante un mínimo de 10 días desde la fecha de la toma de muestras, que se realizó el pasado 16 de septiembre.
Sin rastro de los once inmigrantes
Sin embargo, a los otros once inmigrantes, que también deben confinarse pese a haber dado negativo y no presentar síntomas, se les ha perdido el rastro. El Ministerio del Interior no ha llevado a efecto su traslado a otro centro de aislamiento pasadas 72 horas desde que pisan el suelo nacional.
De manera cautelar, los recién llegados son alojados en Centros de Atención Temporal a Extranjeros, gestionados por el Gobierno central. La Junta de Andalucía realiza el triaje sanitario para detectar el coronavirus cuando reciben las primeras atenciones por parte de la Cruz Roja y otras ONG. En condiciones normales, la Ley de Extranjería obliga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a ponerlos en libertad a los tres días de su llegada, salvo que razones sanitarias aconsejen su encierro bajo la custodia de la Guardia Civil o la Policía Nacional.
Así se estableció en este caso mediante la citada resolución de la Delegación Territorial de Salud en Almería que está fechada ayer.De acuerdo con el informe epidemiológico, la persona positiva debe realizar el aislamiento y seguimiento correspondiente, bajo la supervisión de la comunidad autónoma, mientras que todos sus « contactos de patera deben hacer cuarentena, aun siendo inicialmente negativos ». El documento menciona la legislación estatal y autonómica para justificar el encierro preventivo y bajo criterios clínicos de aquellas personas cuya libre circulación pudiera suponer un peligro para la salud pública.
Hasta principios del mes de mayo, los adultos sin síntomas eran alojados en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) dependientes del Ministerio del Interior, donde podían aislarse durante dos semanas y ser sometidos a pruebas. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez cerró el único CIE de Andalucía, ubicado en Algeciras , a los 53 días de declarar el estado de alarma por la pandemia, que se encuentra en obras desde entonces. Justificó su clausura por el cierre de fronteras. La ley permite mantenerlos en los CIE hasta 60 días y, si en este plazo no han sido devueltos, deben quedar en libertad. Debido a la pandemia, era imposible el retorno a sus países de origen.
Sin centros de internamiento estatales donde alojar a estos inmigrantes, la Junta tuvo que habilitar albergues e instalaciones para preservar el aislamiento temporal tanto de los positivos como de los contactos directos de los mismos.
Sin centros estatales
En aras de salvaguardar la salud pública de la ciudadanía, no podía abandonarlos a su suerte. En el caso de los once inmigrantes rescatados en el Mar de Alborán , que mantuvieron contacto con un positivo, la delegación territorial de la Junta planteó su aislamiento forzoso «de modo puntual, temporal, excepcional y por razones de salud pública y humanitarias» hasta que el Gobierno de España, dentro de sus competencias, designe un recurso habitacional adecuado para su aislamiento.
Dado que Interior ha clausurado sus alojamientos, la alternativa pasa por recluirlos en espacios gestionados por la Junta bajo la custodia policial. Esta vigilancia no siempre ha funcionado y los recluidos a menudo se escapan de estos centros.
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